La arquitectura operacional del Banco Central de Venezuela (BCV) continúa en un proceso de reordenamiento importante. La reapertura de los puentes de comunicación formal con el sistema global –tras casi siete años de interrupción– amplía las posibilidades de la política económica para Venezuela. Este giro representa un paso fundamental en la hoja de ruta hacia la estabilización económica, permitiendo la continuidad del plan de Washington para el país.
Este proceso se está definiendo por tres ejes de esa reinserción: la reactivación del Artículo IV del FMI y lo que implica en términos de supervisión; el acceso a los DEG asignados en 2021 —cerca de 5.000 millones de dólares que permanecieron congelados por la disputa de representación—, y la apertura de la Licencia General N° 58, que habilita por primera vez en años la contratación de asesores para trazar una estrategia frente a una deuda externa estimada en 170.000 millones de dólares.
No obstante, este horizonte de apertura coexiste con desafíos estructurales de gran envergadura. Por un lado, el Estado debe hacerse cargo de las complejidades técnicas y legales inherentes a la reestructuración de la deuda soberana y de PDVSA; por el otro, los hacedores de política enfrentan el reto de reducir la inflación y cerrar la brecha cambiaria simultáneamente.
El fin del limbo con los multilaterales
El restablecimiento de las relaciones con el FMI ha sido el resultado de una hoja de ruta de aproximación técnica que se ha desarrollado por etapas definidas. En una fase inicial, se produjeron reuniones de bajo nivel entre funcionarios técnicos del BCV y especialistas del organismo multilateral. Estos contactos preliminares estuvieron enfocados en el intercambio de información base y en la reconstrucción de la relación institucional. Posteriormente, Venezuela reanudó la publicación de cifras macroeconómicas, lo que permitió que el personal técnico del Fondo iniciara un análisis sobre la situación de la economía venezolana.
Un paso determinante en esta secuencia fue el alivio regulatorio de la OFAC sobre el BCV y la banca pública. Solo después de este reconocimiento se procedió al nombramiento de Calixto Ortega Sánchez como gobernador de Venezuela ante el organismo. Esta normalización es un requisito indispensable para que el país recupere su estatus como miembro pleno. Al recuperar esta interlocución, el BCV vuelve a contar con la plataforma oficial necesaria para certificar su posición financiera y establecer una base de datos transparente ante los mercados globales.
En paralelo, el camino allanado por el FMI está funcionando como un catalizador para retomar el diálogo con otros actores fundamentales del ecosistema multilateral. El reconocimiento técnico del Fondo facilita el acercamiento con instituciones como el Banco Mundial y en el futuro cercano con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina). Muestra de esta reinserción es la presencia del BCV en El LatAm Economic Forum, un encuentro internacional que reúne a líderes de la banca central de América Latina y Europa, junto a expertos y supervisores.
En este contexto de apertura, la normalización plena con el FMI implica, específicamente, la reactivación del Artículo IV del Convenio Constitutivo del organismo. Este mecanismo establece un esquema de supervisión periódica mediante el cual una misión técnica visita el país anualmente para examinar la consistencia de la política monetaria y la integridad de las estadísticas oficiales. Más allá de la fiscalización, la activación de esta consulta permitiría que se efectúen asesorías técnicas especializadas. Sin embargo, en el corto plazo el evento de mayor impacto sería la adjudicación de los Derechos Especiales de Giro a los que Venezuela no tenía acceso hasta ahora pero el BCV reportaba dentro de su balance.
Administración con criterio de escasez: el mejor uso para los DEG
Un componente fundamental de esta normalización es la gestión de los DEG, activos de reserva internacional creados por el FMI para suministrar liquidez al sistema económico global. En 2021, el organismo realizó una asignación general masiva para mitigar los efectos de la pandemia de Covid-19, distribuida proporcionalmente según la cuota de participación de cada país. A Venezuela le correspondía una adjudicación cercana a los 5.000 millones de dólares; no obstante, estos activos permanecieron inmovilizados en las cuentas del Fondo debido a la controversia sobre la representación legal y el reconocimiento diplomático del país.
Con la regularización de la gobernación ante el FMI, el manejo de los DEG entra en una fase de resolución técnica. Aunque el acceso efectivo a estos recursos requiere pasos adicionales, la existencia de una representación oficial permite al BCV iniciar las gestiones para acceder a estos. El fortalecimiento de la posición de activos externos mediante los DEG es un factor crítico para la percepción de solvencia del país. Incrementar el nivel de reservas oficiales otorga al Banco Central un mayor margen de maniobra para ejecutar sus políticas de estabilización y ofrece una señal de solidez financiera frente a los compromisos externos.
Dada la magnitud de estos recursos, su destino final es objeto de debate dentro de la política económica nacional. Voces oficiales, como la de Delcy Rodríguez, han asomado la posibilidad de orientar estos fondos hacia el gasto social, específicamente para la construcción de proyectos habitacionales. No obstante, el uso de los DEG puede ser más efectivo si se opta por priorizar la estabilización macroeconómica.
Es crucial comprender que estos recursos son de carácter extraordinario; una vez ejecutados, no existe un mecanismo de reposición automática. Bajo el esquema cambiario actual –que mensualmente demanda un alto volumen de divisas– se inyectan recursos para sostener un tipo de cambio con tendencia a la sobrevaloración. En ese sentido, estos 5.000 millones de dólares podrían disiparse en pocos meses si se utilizan únicamente para alimentar la oferta en el mercado o financiar gasto corriente como salarios y mantenimiento de infraestructura.
En un nuevo esquema cambiario con mayor flotabilidad, los DEG podrían funcionar como un «colchón» de liquidez para que el BCV intervenga estratégicamente ante shocks. Mientras que los proyectos importantes como la recuperación de servicios básicos, salud y vivienda— son atendidos mediante acuerdos con instituciones de desarrollo como la CAF, el BID y el BIRF (Banco Mundial). Estos organismos están diseñados específicamente para otorgar financiamiento estructurado y asistencia técnica de largo plazo, lo que permitiría reservar los DEG para su función natural: blindar la posición externa del BCV y garantizar la estabilidad monetaria que el país requiere para que, precisamente, los créditos de desarrollo sean viables y sostenibles en el tiempo.
¡Reestructuración a la vista!
Pero el impacto del restablecimiento de las relaciones del FMI con Venezuela no se limita a los DEG y a la estabilización interna. De hecho, la reinserción del país en el sistema financiero global abre la puerta al manejo de uno de los mayores obstáculos para el país: la deuda externa. Desde hace años, el servicio de deuda había desaparecido de la planificación presupuestaria del Estado. Sin embargo, la emisión de la Licencia General N° 58 por parte de la OFAC ha reintroducido esa variable dentro del tablero de juego. Esta habilita al Estado venezolano y PDVSA puedan contratar servicios de consultoría legal y financiera, permitiendo así el inicio de un diagnóstico profundo y el diseño de una estrategia de reordenamiento; pero la licencia no permite todavía el inicio formal de negociaciones directas con los acreedores ni la ejecución de canjes de bonos.
Sin la certificación del Fondo sobre el PIB, las reservas y la balanza comercial, los asesores y acreedores no cuentan con los insumos técnicos necesarios para determinar la verdadera capacidad de pago del Estado. Se estima que la deuda externa asciende a los 170 mil millones de dólares. La estructura de esta comprende un mosaico de instrumentos, plazos y acreedores. Desde los bonos soberanos y de PDVSA, pasando los compromisos bilaterales con países como Rusia y China, organismos multilaterales y pasivos derivados de arbitrajes internacionales perdidos ante empresas como ExxonMobil, ConocoPhillips y Crystallex. Algunos de estos acreedores, buscan que se les pague con la venta de CITGO, pero el Departamento del Tesoro estadounidense prorrogó su protección del activo hasta junio 19.
A este escenario se suman las deudas acumuladas con proveedores locales y socios estratégicos en el sector petrolero que han mantenido su operatividad en el país como Chevron y Eni. Esta última recibió una autorización de la OFAC para recibir pagos en crudo por parte de Venezuela para amortizar la deuda con la petrolera Italiana.
Conciliar estos intereses y lograr una reestructuración de esta magnitud implica un reto para la sostenibilidad de las finanzas públicas. El presupuesto nacional deberá ahora equilibrar las urgentes necesidades de inversión interna con los flujos de caja sustanciales destinados a honrar compromisos internacionales, incluso luego de un haircut. A pesar de ello, el mercado ha comenzado a emitir señales tempranas de un optimismo cauteloso, con el alza de los precios de los bonos venezolanos y en una reducción del riesgo país de 50% según las mediciones de mercados emergentes de la firma JP Morgan.
La reinserción de Venezuela en el sistema financiero global trasciende el alivio inmediato de la liquidez; representa la oportunidad de transitar desde una economía de emergencia hacia una arquitectura de sostenibilidad estructural. El éxito de esta etapa no depende del acceso a los DEG o el avance en la reestructuración de la deuda, sino por la capacidad del capital humano encargado de diseñar y ejecutar políticas y del establecimiento de buenas prácticas a nivel institucional.
