- Delcy Rodríguez aclaró que el acuerdo petrolero con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años y busca elevar la producción venezolana por encima de 1,5 millones de barriles diarios, con regalías mínimas de 16% e ISLR de 34%.
- El esquema contempla 17 campos operados mediante contratos entre PDVSA y NABEP, con hasta 55% para la firma privada. Según WSJ, Washington está adquiriendo 35% de NABEP y obtendrá acceso preferente a parte de su producción.
- El acuerdo abre un nuevo modelo petrolero, pero persisten dudas sobre transparencia, viabilidad e inversión. El documento no ha sido publicado y sectores oficialistas y opositores han reaccionado con posiciones divididas.
Delcy Rodríguez, cabeza del gobierno venezolano, informó la noche del sábado 29 de agosto —casi veinticuatro horas después de que Donald Trump anunciara el pacto en sus redes sociales— que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años y una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. Tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, dijo en un mensaje transmitido por Venezolana de Televisión, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.
«En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país», indicó la mandataria encargada, que detalló el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco —una zona de más de 55.000 kilómetros cuadrados— con regalías mínimas de 16% e impuesto sobre la renta de 34%, y la explotación de 17 campos estratégicos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles. Agradeció a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por el esfuerzo; defendió que en el acuerdo «cada parte aporta aquello que puede hacer mejor»; y fijó el punto que el gobierno quiere que quede grabado: «Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos». Rodríguez también mencionó que se esperan nuevos convenios con Chevron, Repsol, Eni, Shell, BP y otras petroleras.
El mensaje llegó como damage control de un anuncio que Washington ya había redactado con otro vocabulario. Trump escribió el viernes que había asegurado el control estadounidense mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, «sin costo alguno para el contribuyente estadounidense», en una operación que —según él— más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos y bajará el precio de la gasolina, hoy por encima de los cuatro dólares el galón a menos de dos meses de las elecciones de medio término. Un funcionario de la Casa Blanca había precisado a CNN que el acuerdo garantiza a Estados Unidos 55% de la producción efectiva de una nueva empresa conjunta privada, y que Rodríguez le otorgó a esa compañía concesiones de cien años sobre los campos. Rodríguez habló de veinticinco. El documento no ha sido publicado.
Estados Unidos comprará parte de NABEP
Fuentes en Washington con conocimiento del acuerdo consultadas por Ecosistema precisaron que el acuerdo anunciado por Trump se instrumentará mediante una serie de Contratos de Participación Productiva en los que PDVSA quedará con hasta 45% y la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP) con hasta el 55% restante. La estatal venezolana quedaría como socio minoritario, aunque los porcentajes pueden variar por campo.
Sin embargo, el medio estadounidense Wall Street Journal reveló un detalle más importante: el gobierno estadounidense planea tomar una participación pasiva de 35% en NABEP, que pertenece al controvertido magnate Alejandro Betancourt, descrito por medios estadounidenses y personas con conocimiento del acuerdo como un “intermediario” de los intereses norteamericanos en el país. La estructura la diseñó la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono mediante penny warrants —derechos a comprar acciones nuevas a un precio simbólico—, un mecanismo que le da a Washington la propiedad accionaria sin desembolsar capital significativo por adelantado. De ahí, el «sin costo alguno para el contribuyente». El Pentágono recibiría además el derecho preferente a comprar 20% de la producción futura de la compañía a precio de costo. El proyecto conjunto entre PDVSA, NABEP y el gobierno de Estados Unidos se llevaría a cabo en 17 campos petroleros.
Según el diario, la fórmula nació de un fracaso: las grandes petroleras estadounidenses se negaron a comprometer capital en Venezuela por razones legales, de seguridad y de infraestructura, y la administración Trump no logró convencer a ExxonMobil ni a ConocoPhillips de volver al país. El Departamento de Estado condujo la negociación y trajo a la oficina del Pentágono para armar el financiamiento; funcionarios de ambas dependencias, entre ellos el director de la OSC, David Lorch, viajaron a Venezuela en julio a cerrar los términos. El resultado, apunta el diario estadounidense, deja a las petroleras estadounidenses compitiendo contra una empresa privada respaldada por su propio gobierno.
NABEP produce cerca de 200.000 barriles diarios en el Lago de Maracaibo y la Faja, lo que la convierte en la segunda productora privada del país detrás de Chevron, según reportó Fortune citando a una persona familiarizada con sus operaciones. Su entrada al negocio no fue por licitación: en abril de 2024, NABEP formalizó con PDVSA y su filial Corporación Venezolana del Petróleo un contrato para operar los campos de Petrozamora, bajo el esquema de Contratos de Participación Productiva que permite al socio privado quedarse con hasta 57% del valor de la producción correspondiente a su participación y comercializarla. El esquema de los CPP —la flexibilización de las empresas mixtas chavistas que exigían control estatal accionario— lo impulsó la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez. Rodríguez estaría entregando 17 campos a la empresa que creció bajo el modelo contractual que ella misma diseñó.
El nuevo modelo petrolero
Las condiciones fiscales que Rodríguez presentó como conquista no son una excepción negociada, sino el marco que su gobierno construyó de antemano. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos sancionada en enero mantuvo la regalía en 30% pero habilitó rebajarla según la viabilidad económica del proyecto, y su Reglamento, publicado en julio, asignó una alícuota de impuesto sobre la renta de 34% a los proyectos tipificados como campos sin desarrollar: greenfield. Los ocho bloques verdes de la Faja.
Queda el problema más terrestre: producir. Venezuela bombea hoy alrededor de 1,1 millones de barriles diarios y expertos advierten que reconstruir la infraestructura deteriorada puede tomar años. El expresidente de PDVSA Rafael Ramírez, chavista disidente cuyo liderazgo politizó el manejo de la empresa y llevó al declive de la industria petrolera venezolana, desestimó cualquier beneficio de corto plazo por las complejidades técnicas de la Faja y calificó el acuerdo, en entrevista con El Nacional, como «inconstitucional, de espaldas al país y lesivo». El economista Asdrúbal Oliveros, más medido, reconoció que la industria necesita con urgencia capital, tecnología y mercados estables, pero advirtió que una carga fiscal demasiado elevada puede terminar haciendo inviables proyectos que en el papel lucen atractivos.
La política venezolana se partió por una línea inesperada. El PSUV respaldó la conducción de Rodríguez y habló de poner las reservas al servicio del desarrollo nacional dentro del marco constitucional. Sectores del chavismo disidente publicaron proclamas denunciando la entrega de la patria. Henrique Capriles admitió que el país necesita inversión pero cuestionó la opacidad y los antecedentes de corrupción de quienes administran la hacienda pública. Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder de la oposición María Corina Machado, pidió una lectura calmada y puso la condición: si los venezolanos ven empleos, inversión e ingresos, el acuerdo tendrá respaldo; si no, «poco a poco, se producirá un repudio popular». Ni Machado ni Edmundo González se habían pronunciado al cierre de esta nota.
Los venezolanos, dijo Delcy Rodríguez el sábado, «tienen derecho a saber cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones para los operadores». El texto del acuerdo sigue sin publicarse.
