Durante un evento reciente de Fedeindustria, un gremio empresarial cercano al oficialismo, Calixto Ortega –vicepresidente sectorial de Economía y gobernador de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional– planteó los cuatro pilares del proyecto económico que guiarán la gestión del gobierno interino de Delcy Rodríguez. Esta propuesta guarda, de manera natural, una estrecha similitud con las directrices ya anunciadas por Rodriguez. Sin embargo, es fundamental acotar que el planteamiento de Ortega no constituye la presentación de un plan de acción definitivo, sino más bien una declaración de buenas intenciones que aún requiere de una hoja de ruta pública que precise medidas específicas, tiempos y políticas concretas. En esta nota vamos a profundizar sobre las acciones necesarias y los avances que ya se han gestado en relación con cada uno de esos pilares.
Primer pilar: Crecimiento económico y diversificación
El primer pilar se resume en “construir una economía que funcione para todos los venezolanos”, dijo Ortega. Los mecanismos para alcanzarlo serían potenciar las industrias extractivas, impulsar una diversificación en sectores donde Venezuela sea competitiva y enfrentar al fenómeno de la informalidad.
Es natural que la estrategia comience con las industrias extractivas. Venezuela es un país petrolero con las mayores reservas del mundo. A principios de año se aprobó una reforma de la Ley de Hidrocarburos que da un giro de 180 grados a la política petrolera de los últimos 50 años. La relevancia del mercado local es evidente, muestra de ello es que Chevron planea aumentar su producción en el país un 50% en los próximos dos años, pasando de los 250.000 barriles diarios que produce hoy a 375.000 para finales de 2028.
Esta situación se ha visto acentuada gracias al conflicto en el golfo pérsico y las disrupciones que han ocurrido producto del mismo. La necesidad de diversificar la oferta de crudo y la posición favorable de Venezuela para capturar una parte de ese interés es tal que ExxonMobil o ConocoPhillips monitorean de cerca el entorno y buscan condiciones para regresar a Venezuela pese a las disputas legales y deudas pendientes con el Estado.
Sin embargo, el subsuelo venezolano no solo contiene petróleo. Las reservas minerales del país son cuantiosas e incluyen una diversidad de minerales como el oro, hierro, coltán, bauxita y tierras raras. Su relevancia es tal que la minería forma parte central del plan de Washington para Venezuela. Al igual que en el sector petrolero, este año se promulgó una nueva legislación que rige a la actividad minera, con un espíritu mucho más amigable a la iniciativa privada.
La propuesta de reinvertir la renta extractiva en la diversificación no es nueva, sino una nueva reedición del «sembrar el petróleo» del intelectual venezolano del siglo XX Arturo Uslar Pietri. Sin embargo, hoy es crucial filtrar esta estrategia tomando en cuenta las enseñanzas de la economía moderna: la ventaja comparativa —el principio que determina en qué sectores un país es genuinamente más eficiente y competitivo frente al resto del mundo— y la complejidad económica —la capacidad de un país para generar conocimiento sofisticado a través de un efecto derrame entre industrias afines. Bajo este enfoque, el Estado evitaría invertir recursos rescatando industrias de sectores no estratégicos que derivan en una relación de dependencia con el sector público.
Por último, es inviable pensar en desarrollo sin afrontar la economía informal del país, lo que exige incentivos reales para la formalización temprana y la permanencia en la regularidad. Aunque ya se han anunciado mesas de trabajo para simplificar trámites y aliviar la carga impositiva, la solución de fondo requiere también frenar la voracidad fiscal municipal, generar condiciones para la reactivación del crédito bancario y blindar los derechos de propiedad.
Segundo pilar: sostenibilidad fiscal y administración de los recursos
Sobre este segundo aspecto, Calixto Ortega declaró el foco en “restablecer la sostenibilidad fiscal y garantizar que los recursos de la nación se gestionen de manera eficiente y responsable”. No es para menos, el ordenamiento de las finanzas públicas ha dejado de ser una mera recomendación de buenas prácticas macroeconómicas para ser hoy una condición de estricta subsistencia.
En esta dirección, se han dado pasos iniciales a través del nombramiento de una comisión orientada a la reforma del Estado presidida por el ministro Héctor Rodríguez así como de una encargada de cuantificar y determinar el destino de las empresas públicas de la mano de varios ministros, viceministros y Luigi Pisella, expresidente de Conindustria. No obstante, lograr que esta viabilidad financiera sea sostenible en el tiempo pasa, de forma obligatoria, por profundizar este redimensionamiento. El sector público debe asumir una arquitectura más ligera y eficiente, desprendiéndose de cargas que históricamente han drenado recursos sin generar retornos sociales.
Este redimensionamiento no implica desmantelar al Estado, sino fortalecerlo en sus competencias fundamentales. Al contraer su tamaño y eliminar los focos de ineficiencia, el aparato público finalmente podrá concentrar sus limitados fondos en lo que es verdaderamente insustituible: la infraestructura básica, la optimización de los servicios públicos, la salud, la educación, la defensa nacional y la administración de justicia. Son estas áreas esenciales las que sostienen la productividad del tejido social y económico del país.
Asimismo, genera un impacto directo y positivo a nivel salarial. Al reducir una nómina artificialmente inflada y centralizar los recursos en las funciones críticas, el Estado recupera la capacidad real de ofrecer remuneraciones competitivas.
Las necesidades de inversión para recuperar el sistema eléctrico, el sistema hídrico, la red de hospitales y la infraestructura escolar son imposibles de financiar con las capacidades fiscales actuales. Resulta indispensable reanudar el relacionamiento con actores clave, como el Fondo Monetaria Internacional (FMI) y el Banco Mundial para garantizar el acceso a los mercados internacionales, por lo que la reestructuración de la deuda externa —bajo la asesoría de la firma estadounidense Centerview Partners— debe estructurarse bajo un criterio de realidad. Las negociaciones posteriores tienen que alinearse con la capacidad del país para costear el servicio de la deuda.
Más allá de la asesoría financiera, la estrategia oficial sumó un paso institucional con el viaje de una delegación a Washington para reunirse con el FMI, un encuentro que contó con la participación de Ortega y Luis Pérez, presidente del BCV. A partir del 3 de enero y especialmente luego de los anuncios de reestructuración, los mercados internacionales reaccionaron con un bull run, elevando el precio de los bonos venezolanos hasta un 220%. No obstante, esa euforia inicial ha comenzado a moderarse a medida que los inversionistas asimilan que este proceso de reestructuración será más complejo de lo anticipado.
El gobierno ha planteado 2028 como horizonte para culminar la reestructuración de la deuda, pero diversos analistas y especialistas financieros consideran ese plazo optimista. Casos comparables como el de Argentina requirieron cerca de una década —e incluso más de quince años para resolver completamente litigios y acreedores remanentes—, mientras que Venezuela enfrenta además desafíos políticos, institucionales y financieros que convierten su proceso en uno de los más complejos del mundo.
Tercer pilar: Fortalecer el sector monetario y financiero
El tercer pilar de la propuesta se orienta de manera prioritaria a la reducción de la inflación y a la estabilización de la tasa de cambio. Actualmente, Venezuela enfrenta una brecha cambiaria entre la tasa de cambio oficial y la paralela cercana al 35%, consolidándose como la mayor distorsión que sufre la economía nacional. Los efectos de este diferencial son profundos: deprime el consumo real de los hogares, la rentabilidad de la actividad empresarial formal que debe facturar a tasa oficial mientras repone inventarios a costos más elevados y desincentiva la inversión.
A la par del desafío cambiario, la inflación en los últimos meses se mantiene cerca del 600% anual, lo que evidencia la continuidad de la monetización del déficit público. Frenar de forma definitiva este fenómeno implica dar avances mucho más contundentes en la reforma y reestructuración del Estado para reducir su tamaño y gasto, eliminando la necesidad de financiamiento monetario. Asimismo, es imperativo fortalecer la autonomía del Banco Central de Venezuela para detener la emisión constante de dinero destinado a cubrir brechas fiscales.
En contraste con estos retos macroeconómicos, se han producido avances en la reconexión financiera internacional mediante las corresponsalías bancarias. El Banco de Venezuela, el público más grande de Venezuela, cuenta con Banesco USA como su corresponsal en Estados Unidos y Abanca en Europa. Por otro lado, Erebor Bank –una startup respaldada por el magnate de Silicon Valley Peter Thiel– ha mantenido acercamientos con distintas instituciones nacionales para ofrecer servicios de corresponsalía, apalancándose en su orientación tecnológica para realizar las revisiones de compliance exigidas por el régimen sancionatorio de forma mucho más expedita.
Cuarto pilar: Gobernanza e institucionalidad
El cuarto pilar del plan presentado por Ortega apunta directamente a la base estructural que debe sostener cualquier cambio macroeconómico “reforzar la gobernanza económica mediante el desarrollo de instituciones transparentes al servicio del pueblo venezolano. La estrategia del gobierno se basa en dos dimensiones clave: la formación inclusiva de políticas públicas y el fortalecimiento de la capacidad institucional”
Más allá de que la transparencia sea un requisito de los organismos multilaterales y los acreedores externos para recuperar la confianza, su verdadero valor radica en que fortalece el rol del ciudadano y legitima la gestión pública. El rendimiento de cuentas es un prerrequisito indispensable para el funcionamiento de una República y de una democracia. Sin una arquitectura institucional sólida, ninguna de las reformas económicas planteadas en los pilares anteriores será duradera.
Las leyes pueden quedar reducidas a letra muerta o el BCV podría volver a monetizar el déficit público. Al final, tal como señalan los estudios de los economistas y ganadores del Premio Nobel de Economía Daron Acemoglu y James Robinson, las instituciones sólidas son el componente clave que determina el desarrollo económico y la prosperidad de las naciones.
En definitiva, transformar estos cuatro pilares en una realidad sostenible exige trascender las buenas intenciones y consolidar un cambio estructural profundo. La viabilidad del futuro para Venezuela no depende de la mera existencia de planes o de la reactivación de su riqueza extractiva, sino de la solidez de un sistema que funcione. Es más probable que se produzca un bienestar económico y se inicie una diversificación económica si las instituciones dejan de ser el reflejo de políticas transitorias y se convierten en el cimiento del desarrollo.
