El 18 de junio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro publicó tres nuevas licencias generales que amplían selectivamente el acceso a operaciones de alto interés para Venezuela: la Licencia General 5X, que autoriza transacciones sobre la deuda de PDVSA; una licencia para la aerolínea estatal Conviasa, y una actualización de la regulación sobre telecomunicaciones y servicios postales. Las tres entran en vigor a partir de esta semana con excepciones y plazos diferenciados. No se trata de una flexibilización amplia del régimen sancionatorio. Es, más bien, un reordenamiento que abre puertas específicas mientras mantiene cerradas muchas otras, consolidando así la precisión con que Washington administra su política de sanciones hacia el país.
La lógica de fondo es selectiva. OFAC amplía operaciones en tres áreas donde la restricción total generaba fricción —deuda corporativa, mantenimiento aeronáutico, circulación de comunicaciones— pero lo hace sin tocar la arquitectura de sanciones sobre la deuda soberana o las operaciones financieras generales de Venezuela. Para actores que operan en estos sectores, la medida abre espacio; para quienes esperaban una flexibilización más amplia, el mensaje es que el Tesoro calibra sus autorizaciones con precisión quirúrgica.
El paquete llega seis días después de que OFAC reemplazara seis licencias del régimen de sectores estratégicos —petróleo, electricidad, minería—, consolidando así una arquitectura de autorización que se refina semana a semana. La velocidad de estos cambios, la especificidad de cada licencia y el énfasis en que «ninguna de estas autorizaciones levanta el resto de sanciones» reflejan una estrategia estadounidense consistente: abrir válvulas precisas dentro de un sistema de control más amplio, generando visibilidad sobre cada operación autorizada sin ceder en la estructura de restricciones.
El diferimiento de Citgo hasta agosto: la Licencia 5X y los bonos de PDVSA
La Licencia General 5X reemplaza a su predecesora, la 5W, y autoriza «ciertas transacciones relacionadas con el bono de Petróleos de Venezuela, S.A. 2020 al 8,5%» —es decir, el instrumento de deuda que PDVSA emitió hace seis años y que está garantizado con el 50,1% de las acciones de Citgo Holding. Pero la autorización tiene una especificidad temporal: entra en vigor a partir del 4 de agosto de 2026, no de forma inmediata.
El efecto práctico es que entre hoy y esa fecha existe un vacío legal de protección. Según la interpretación del abogado especializado en sanciones José Ignacio Hernández, esta licencia no «protege a Citgo» en el sentido tradicional, sino que «suspende hasta el 4 de agosto la autorización que permite a los tenedores de los Bonos PDVSA 2020 tomar el control del colateral constituido en acciones de Citgo Holding». Dicho de otro modo, OFAC pausa temporalmente la posibilidad de que acreedores externos ejecuten sobre las acciones de la refinadora, pero solo hasta esa fecha.
Dentro de ese plazo, PDVSA y entidades autorizadas pueden ejecutar operaciones limitadas: financiamiento relacionado al bono, compra, venta o reestructuración del instrumento, bajo condiciones específicas. La autorización no alcanza a operaciones petroleras de PDVSA en Estados Unidos, ni toca el proceso de venta de las acciones de PDV Holding —la estructura matriz que controla a Citgo. Es una protección de alcance acotado sobre un instrumento de deuda específico, no una relajación del régimen sobre PDVSA como corporación.
Conviasa: mantenimiento de aeronaves bajo condiciones de aeronavegabilidad
La segunda licencia autoriza transacciones con Conviasa —el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A.—, la aerolínea estatal, y sus subsidiarias, así como las cincuenta y cinco aeronaves venezolanas que están inscritas como personas sancionadas en las listas de OFAC.
La operacionalización es técnica. OFAC autoriza ahora el suministro de «bienes, tecnología, software y servicios» ordinariamente necesarios para el «mantenimiento, reparación, upgrade, refurbimiento, mejora, seguridad o aeronavegabilidad» de esas aeronaves. El término aeronavegabilidad —la capacidad legal y técnica de una aeronave para operar en espacios aéreos de forma segura— es la llave que abre la autorización. En la práctica, eso significa que proveedores estadounidenses —y terceros bajo supervisión— pueden ahora suministrar repuestos, componentes de equipamiento, software de actualización, soporte técnico, inspecciones, pruebas, logística de aduanas y procesamiento de pagos relacionados con esas actividades, siempre que permanezcan dentro de los límites de la licencia.
El impacto operativo es significativo. Conviasa, que ha operado con una flota envejecida y parcialmente fuera de servicio, cuenta ahora con un canal legal para mantener su operatividad. Pero la autorización es explícita en lo que prohíbe: no abre transacciones que involucren a personas o entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, o entidades controladas por o vinculadas a ciertos actores chinos. Tampoco libera la venta de aeronaves nuevas, ni autoriza financiamiento para adquisiciones. Es un permiso restringido a mantenimiento y operación segura de los activos aeronáuticos existentes, no un cheque en blanco para reequipamiento.
Telecomunicaciones y correo: circulación sin acceso a mercados financieros
La Licencia General 24A reemplaza a la 24, vigente desde agosto de 2019. Amplía el marco para transacciones con el Gobierno de Venezuela en materia de telecomunicaciones y servicios postales: autoriza de forma amplia la recepción y transmisión de telecomunicaciones que involucren al gobierno venezolano, e incluye también operaciones de transportistas para envío y recepción de correo y paquetes hacia, desde y dentro de Venezuela.
El alcance es comunicativo, no comercial. OFAC aclara que esta autorización no toca cuentas bancarias, transferencias de divisas, o acceso a sistemas de pago internacionales. Los servicios autorizados están circunscritos al envío y recepción de comunicaciones e intercambio de correspondencia. Permiten, por ejemplo, que operadores estadounidenses procesen llamadas, videollamadas o mensajería de entidades venezolanas, y que servicios de mensajería internacionales entreguen paquetes en territorio venezolano, bajo marcos de reportería y supervisión.
El veto cruzado se mantiene; la lógica es de aislamiento diferenciado
Las tres licencias comparten un denominador común: ninguna autoriza operaciones que involucren a personas o entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba. En el caso de ciertas licencias previas, el veto se extiende a entidades controladas por o en asociación con actores de la República Popular China. Es decir, la apertura en estas tres áreas —bonos, aviación, comunicaciones— ocurre dentro de un perímetro que excluye de forma expresa a competidores geopolíticos de Washington.
El Tesoro también subraya que ninguna de estas licencias «levanta el resto de sanciones económicas, financieras o comerciales sobre el Gobierno de Venezuela». Permanecen prohibidas todas las transacciones no contempladas expresamente. Es la fórmula estándar de OFAC: permiso puntual, no flexibilización sistémica.
El patrón emergente: autorización por sectores, no por entidades
El paquete del 18 de junio consolida un patrón que se vio también en las licencias del 10 de junio: Washington autoriza actividades específicas —mantenimiento aeronáutico, operaciones sobre deuda corporativa, circulación de comunicaciones— antes que flexibilizar el status de entidades enteras. PDVSA sigue siendo una persona sancionada; solo que ahora, dentro de límites precisos, puede ejecutar cierto tipo de transacciones sobre su propia deuda. Conviasa no es removida de las listas; simplemente, pueden hacérsele trabajos de seguridad en aeronaves bajo supervisión.
Este enfoque —granular, operación por operación, con visibilidad estadounidense en cada punto— refleja una sofisticación creciente en cómo Estados Unidos administra el régimen sancionatorio. No es flexibilización por inercia ni por presión política. Es reordenamiento estratégico: abrir lo mínimo necesario para reducir fricción en operaciones que tienen externalidades (seguridad aeronáutica, refinanciamiento de deuda que amenaza activos estadounidenses), mientras se mantiene el control sobre las capacidades productivas de Venezuela.
Para empresarios y operadores que evalúan presencia en estos sectores, el mensaje es claro: el espacio existe, pero las condiciones las mantiene Washington. No hay movimiento hacia una eliminación de sanciones. Hay, en cambio, un ordenamiento más sofisticado de qué puede y qué no puede ocurrir, operación por operación, con visibilidad estadounidense en cada transacción que cruza los umbrales autorizados. Hasta agosto —cuando la Licencia 5X alcance su plena vigencia— seguirá habiendo momentos de incertidumbre legal que el Tesoro calibra conforme a objetivos que van más allá del régimen económico: son juegos de ajedrez geopolítico y corporativo en los que Venezuela es peón, no jugador.
