En Venezuela, el debate salarial suele comenzar por la cifra: ¿Cuánto debería ganar un trabajador? Sin embargo, rara vez comienza por la pregunta correcta: ¿Qué economía puede pagar ese salario?
Hoy, millones de trabajadores del sector público reciben remuneraciones base equivalentes a apenas unos pocos dólares al mes, mientras buena parte de su ingreso depende de bonos extraordinarios que no forman parte del salario formal. El salario mínimo legal se mantiene en niveles que, al tipo de cambio actual, equivalen a menos de cinco dólares mensuales, mientras el ingreso mínimo del sector público —sumando bonos— ronda entre 100 y 130 dólares mensuales, según reportes citados por medios internacionales y estimaciones de analistas económicos. Según la firma Ecoanalítica, alrededor de 70% de los venezolanos gana menos de 300 dólares al mes. Todas estas cifras reflejan un deterioro profundo del ingreso real y ayudan a explicar por qué el tema salarial ha vuelto con fuerza al debate público.
“En Venezuela se espera una corrección salarial: el país tiene hoy algunos de los salarios más bajos de la región”, dice el economista Asdrubal Oiveros. Esa expectativa es comprensible. Las protestas de trabajadores públicos, docentes y jubilados, así como un paro de transportistas y diversas propuestas sindicales que presionan por aumentos salariales, reflejan una realidad social que ya no admite maquillaje.
Pero el problema salarial venezolano no puede entenderse únicamente desde la urgencia social. Para comprender por qué los sueldos no suben —y por qué han caído tanto—, es necesario mirar primero a la economía que los sostiene. Como señala Oliveros, “la pregunta clave no es solo cuánto debe ser el salario, sino cómo construimos una economía que pueda pagarlo”.
La economía buhonera de Venezuela
Entre 2013 y 2020, la economía venezolana se contrajo aproximadamente entre 75% y 80%, una de las caídas económicas más profundas registradas en tiempos de paz –e incluso más que la vasta mayoría de países atravesando conflictos armados en las últimas décadas– según estimaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Para dimensionarlo, basta compararlo con otras crisis económicas recientes: Durante la crisis financiera global, la economía griega cayó cerca de 25%. En la crisis argentina de comienzos de los años 2000, el PIB se redujo alrededor de 20%. En otras palabras, la contracción venezolana fue tres o cuatro veces mayor: de hecho, incluso, fue mayor a la la economía de Ucrania, que perdió casi 30% de su tamaño tras la invasión rusa.
Cuando una economía pierde cuatro quintas partes de su tamaño, los efectos no se limitan a las estadísticas macroeconómicas. Se traducen en empresas que desaparecen, inversión que se detiene, trabajadores que migran y salarios que pierden su capacidad de sostener una vida digna. En otras palabras: si la economía produce mucho menos valor que antes, también tiene menos capacidad para pagar salarios.
Allí aparece uno de los puntos centrales del problema. En palabras de Oliveros, “el problema estructural de fondo es la caída de la productividad del país, asociada al colapso de su principal sector transable y exportador”. En el caso venezolano, esa frase resume casi todo: el colapso del sector petrolero no solo redujo exportaciones y divisas, sino que golpeó la principal fuente de ingresos del Estado y, con ello, la capacidad de sostener salarios públicos y pensiones.
Los datos muestran que el problema salarial venezolano no es solo una caída del salario real. Es un cambio estructural en la forma en que se distribuye el ingreso. Según datos recopilados por FRED (Federal Reserve Economic Data) —la plataforma estadística del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, en Estados Unidos, que reúne bases de datos macroeconómicas internacionales— la remuneración formal al trabajo representó durante décadas cerca de la mitad del ingreso nacional venezolano. En los últimos años, esa proporción cayó a niveles cercanos al 10% del PIB.
Esto significa que el trabajo asalariado dejó de ser el principal mecanismo de distribución del ingreso dentro de la economía. El fenómeno no habla solo de pobreza o desigualdad. Habla de algo más profundo: la reducción del empleo formal, el desplazamiento hacia la informalidad y la migración masiva de capital humano.
Primero, la contracción económica también se tradujo en la destrucción de buena parte del aparato productivo que empleaba a los venezolanos. Según datos de la organización gremial Conindustria, más de 12.000 empresas industriales han desaparecido en Venezuela en las últimas décadas, mientras la capacidad operativa del sector manufacturero se mantiene por debajo de la mitad de la mitad de su capacidad instalada. Menos empresas significa menos inversión, menos empleo formal y, por supuesto, menos salarios.
Al mismo tiempo, el mercado laboral cambió de forma radical. Estimaciones de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) indican que entre 60% y 70% del empleo venezolano se encuentra en la informalidad. Esto implica que millones de trabajadores dependen de ingresos irregulares, comercio de pequeña escala o actividades de subsistencia que difícilmente pueden sostener salarios estables. Esto, a su vez, genera una distorsión fiscal: escala la presión fiscal sobre un grupo reducido de empresas y trabajadores que cargan el peso desproporcionadamente.
A este panorama se suma otro factor determinante: la migración. Según datos de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, más de 7,7 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años, muchos de ellos profesionales, técnicos y trabajadores calificados. Cuando una economía pierde empresas, capital humano e inversión al mismo tiempo –pierde todo su músculo– su capacidad de generar salarios también se reduce.
Sin productividad no hay paraíso
Pero el problema salarial no se explica solo por la caída económica. También tiene que ver con la estructura productiva del país.
En economía se suele distinguir entre sectores transables y sectores no transables. Los sectores transables son aquellos que compiten internacionalmente o generan divisas: petróleo, gas, minería, agroindustria o manufactura exportable. Los sectores no transables dependen principalmente del mercado interno: comercio local, servicios domésticos, transporte o construcción.
Las economías que logran elevar salarios de forma sostenida suelen hacerlo a través de sectores transables de alta productividad, capaces de generar divisas, atraer inversión y crear encadenamientos productivos. Históricamente, el principal sector transable de Venezuela fue el petróleo. A finales de los años noventa, la producción petrolera superaba los 3,4 millones de barriles diarios. Para 2020, había caído por debajo de 400.000 barriles diarios, antes de comenzar una recuperación parcial que hoy ronda entre 800.000 y 900.000 barriles diarios, según datos de la OPEP y reportes del sector energético.
Es decir, Venezuela ha perdido fuerza en sus sectores transables. Y si Venezuela aspira a reconstruir su capacidad salarial, la expansión de sectores capaces de competir internacionalmente —energía, agroindustria, manufactura o servicios exportables— será determinante. Los salarios sostenibles no nacen de decretos políticos, sino de economías capaces de generar valor.
Sin embargo, incluso en medio de esa urgencia, subsiste otro problema: la falta de información. Como advierte Oliveros, “hoy hay una falta total de transparencia que hace muy difícil definir incluso cuál podría ser un ajuste viable en el sector público”. No existe una data oficial clara y suficientemente confiable sobre cuántos trabajadores públicos y pensionados tiene realmente el país. Se habla de forma extraoficial de alrededor de 3 millones de empleados públicos y 5 millones de pensionados, pero precisamente la falta de transparencia impide convertir esa discusión en un debate fiscal serio y preciso.
Por eso, cualquier cálculo debe asumirse como un ejercicio didáctico. Si hipotéticamente seis millones de personas —entre empleados públicos y pensionados— recibieran un aumento equivalente a 50 dólares trimestrales, el costo fiscal sería cercano a 300 millones de dólares por trimestre, es decir, alrededor de 1.200 millones de dólares al año. Si se añadieran bonos adicionales o transferencias extraordinarias, el costo podría acercarse o incluso superar 1.500 millones de dólares anuales.
El espinoso, y delicado, camino hacia el aumento
El objetivo de este ejercicio no es evaluar propuestas específicas, sino ilustrar una realidad económica básica: los salarios requieren una fuente permanente de ingresos que los respalde.
La experiencia económica internacional muestra que aumentos salariales que no están respaldados por productividad suelen generar efectos no deseados: inflación cuando el aumento del ingreso nominal no está acompañado por mayor producción; desempleo cuando las empresas no pueden absorber los mayores costos laborales; informalidad cuando trabajadores y empresas optan por operar fuera del sistema formal; o cierre de empresas, especialmente en sectores con márgenes estrechos o baja productividad.
Por eso, en última instancia, los salarios dependen de factores más profundos: productividad, inversión, capital humano, tecnología e instituciones económicas estables. Y por eso también la solución no puede limitarse a un ajuste nominal. Como señala Oliveros, “una solución estructural al problema salarial pasa por rescatar los elementos de productividad, y eso no es un proceso rápido: es un proceso que lleva tiempo”.
Eso obliga a discutir algo más incómodo, pero indispensable: una reforma profunda del Estado, una revisión del tamaño y eficiencia de su estructura, mayores niveles de transparencia en el uso de los recursos y, además, una reforma laboral capaz de reconstruir un sistema de seguridad social y prestaciones que proteja derechos sin volver financieramente inviable ni al Estado ni a las empresas privadas.
La discusión salarial en Venezuela no puede reducirse a decretos ni a consignas. El país enfrenta un reto mucho mayor: reconstruir una economía capaz de generar valor, atraer inversión y competir internacionalmente.
Eso implica recuperar sectores productivos, modernizar el marco laboral, incentivar la formalización del empleo y reconstruir el capital humano que durante años se ha perdido. Solo en ese contexto será posible que los salarios comiencen a crecer de forma sostenida.
El aumento salarial es una necesidad social evidente. Pero la verdadera pregunta económica sigue siendo la misma: cómo construir una economía que pueda pagarlo.
