En una sala de reuniones en Las Mercedes, Caracas, el equipo legal de una empresa transnacional revisa los rangos de regalías que abre la nueva Ley de Hidrocarburos. Sobre la pizarra, los números encajan. Pero a pesar de eso, la decisión de comprometer capital en Venezuela sigue en pausa. Las preguntas que importan ya no son sólo económicas, sino institucionales: bajo qué autoridad se firman los contratos, qué tribunal los respalda, o en qué horizonte electoral se enmarcan.
La tesis de dos informes de marzo y abril del banco de inversión británico Barclays —a los que Ecosistema tuvo acceso— sostienen una idea que ha empezado a colarse en las conversaciones del empresariado venezolano: aunque la trayectoria económica y diplomática del país mejoró desde la salida de Nicolás Maduro, los avances políticos siguen sin entregar las señales que un inversionista necesita para comprometer capital de mayor escala a largo plazo.
Es lo que podría llamarse una euforia sin anclaje: un optimismo que corre por delante de las precondiciones institucionales que lo justificarían, y que, según los analistas, podría dar paso a la decepción si no se administra con disciplina. Repasamos qué es lo que ha avanzado en estos meses, qué no, y las condiciones que podrían limitar una oleada de inversiones a Venezuela.
Lo que sí ha avanzado
El hito visible más reciente ha sido el restablecimiento del vínculo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Venezuela tras siete años de suspensión. Supone un gran paso hacia la reintegración financiera del país, reabriendo la puerta a apoyo técnico y financiero, y obligando a las autoridades a cumplir con los estándares propios de la membresía, entre ellos la publicación de datos económicos oficiales. En términos más prácticos, este reconocimiento también le daría a Venezuela acceso a aproximadamente cinco mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro —una asignación generada durante la pandemia que el país no pudo utilizar antes— y abriría el camino a una consulta del Artículo IV, es decir, una revisión periódica que el FMI hace a la economía de un país miembro.
El proceso no se mueve solo. Al anunciar la decisión, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, fue directa: «tras la primera euforia del reencuentro llega la cruda realidad«. Y aunque reconoció que un programa financiero del FMI es «muy probable» con el tiempo, precisó que no es inminente y que dependerá de precondiciones clave —datos económicos creíbles, reconstrucción institucional y sostenibilidad de la deuda. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, respaldó la decisión y la enmarcó como un paso hacia la normalización. Casi simultáneamente, se confirmó la renuncia de Laura Guerra de la presidencia del Banco Central de Venezuela (BCV) —cuñada de Maduro y figura no considerada por el mercado como garante creíble de autonomía monetaria. Esa salida funciona, en el análisis de Barclays, como la primera concesión institucional visible.
El reverso de estos avances se ve en el mercado de deuda. Los bonos venezolanos han subido con fuerza en lo que va de 2026 —más del 50% en precios—, y al cierre de marzo la deuda no garantizada del país se valoraba en unos 24.500 millones de dólares, lo que sugiere que el mercado ya descuenta una recuperación parcial en una futura reestructuración. Según Jason Keene, estratega de crédito soberano de Barclays, el movimiento se apoyó en el deshielo diplomático entre Washington y Caracas, la importancia geopolítica de Venezuela como fuente alternativa de suministros, y supuestos optimistas sobre la sostenibilidad de la deuda. El problema es que esa narrativa alcista, dice Keene, «está cada vez más en desacuerdo con el cronograma de la transición política, la escala de la inversión necesaria para elevar materialmente la producción petrolera, y el apalancamiento que los tenedores históricos de bonos podrían ejercer en una eventual reestructuración«. En enero, el banco había identificado cuatro catalizadores que ofrecerían señales más sólidas de avance. Al cierre de marzo, ninguno se había concretado.
Lo que no avanza —y sí debería
Barclays advierte que el reencuentro con el FMI podría alargar la reestructuración en lugar de acelerarla. Una consulta Artículo IV —requisito para cualquier evaluación formal de sostenibilidad de deuda— puede tomar entre ocho y diez meses, y Venezuela no se somete a una desde 2004. La complejidad del caso actual apunta a que el horizonte realista no es de meses, sino de dos a tres años. En el marco de tres etapas planteado por el secretario de Estado Marco Rubio —estabilización, recuperación, transición—, los límites de lo que las autoridades interinas pueden lograr sin un programa multilateral robusto se hacen progresivamente evidentes, con cada vez más presiones sobre el ingreso, una distorsión cambiaria que no ha desaparecido, y la inflación interanual acelerándose a casi 650% según los últimos datos del BCV.
A esto se suma la brecha entre lo que la población espera y lo que el cronograma oficial entrega. Una encuesta de una firma especializada en Venezuela y basada en Washington, Gold Glove Consulting, citada por Barclays muestra que el 68% de los venezolanos espera elecciones presidenciales este mismo 2026. Pero Michael Kozak, funcionario senior del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, fue explícito ante el Congreso: no hay fecha electoral acordada, y Washington prioriza las precondiciones sobre los plazos. Esas precondiciones incluyen la modernización del registro electoral, la designación de nuevas autoridades, garantías para la oposición y presencia de observación internacional. El escenario más realista, en este momento, sería acordar este año un calendario para elecciones en 2027 —una posibilidad que sólo apoya el 13% de los encuestados por Gold Glove Consulting.
Por qué el inversionista real sigue esperando
Los números del sector petrolero ilustran la magnitud del compromiso requerido: regresar a niveles de producción precrisis —casi tres millones de barriles diarios— demandaría inversiones de entre 10 y 12 mil millones de dólares al año, o más de 100 mil millones en una década, según Barclays. Un repunte inicial de 200 mil barriles diarios sobre el nivel actual —cercano a un millón— luce factible bajo las condiciones existentes. Una recuperación sostenida, no.
La cautela de las propias petroleras refuerza este punto. Chevron, la compañía extranjera con mayor presencia en Venezuela, ha insistido públicamente en que todavía quedan muchos cambios pendientes para incentivar la inversión «a la escala que la gente desearía ver», según declaraciones recogidas por Reuters en marzo. ConocoPhillips fue más directa aún: su CEO señaló que Venezuela necesita «recablear» —rewire— su sistema fiscal para atraer inversión. No es retórica: es un diagnóstico estructural sobre la distancia entre las condiciones actuales y las que harían viable un compromiso de capital de largo plazo. Y los indicadores de gobernanza no ayudan a contradecirlo: el país ocupa el último lugar entre 142 naciones en el Rule of Law Index del World Justice Project, y se ubica en el 5% inferior global de los indicadores del Banco Mundial.
A esto se añade un riesgo regulatorio que Barclays destaca con particular atención: la nueva Ley de Hidrocarburos podría terminar favoreciendo a los inversionistas —en particular a las compañías petroleras— por encima de los acreedores del Estado, debilitando la capacidad del país para servir su deuda. Las nuevas regalías podrían establecerse en un rango de 5% a 30% por barril —una reducción potencialmente pronunciada frente al nivel actual del 30%—, y se espera también una baja del impuesto sobre la renta desde su nivel actual de 50%. Si las regalías efectivas se ubican más cerca del piso del rango que del techo, y si aumenta la repatriación de utilidades por parte de las transnacionales, mayores exportaciones de crudo no se traducirían necesariamente en más ingresos para el Estado. El efecto sobre las finanzas públicas podría ser mucho menor de lo que hoy sugieren los precios de los bonos. La conclusión de Barclays es incómoda pero precisa: avanzar en concesiones económicas sin al menos trazar un camino hacia la consolidación institucional arriesga socavar, en lugar de fortalecer, tanto la recuperación económica como las perspectivas de sostenibilidad de la deuda.
Pero en el horizonte cercano todavía hay una señal que Barclays propone monitorear con atención: la designación permanente del nuevo presidente del BCV. Luis Pérez, sucesor de Guerra, fue nombrado encargado y comparte perfil con su antecesora. Si la designación definitiva recae en una figura con credenciales técnicas reconocidas y autonomía verificable, el banco lo interpreta como algo que «podría representar la primera área institucional donde se realizan concesiones« —y, de ser así, un paso significativo hacia la reconstrucción institucional y la durabilidad de la recuperación económica. En otras instituciones, esa disposición no se ha mostrado todavía.
Existe también un precedente regional reciente que Washington estaría tratando de no repetir —los acuerdos de Doha y Barbados. Por eso la Casa Blanca mantiene un control estricto sobre los ingresos venezolanos, canalizados desde el 3 de enero a través de una cuenta supervisada por el Tesoro, y es probable que los recursos asociados al FMI queden sujetos a un esquema similar.
Los informes más recientes de Barclays no invitan necesariamente al pesimismo, pero sí a la mesura. Mientras el cronograma electoral siga sin definirse y las autoridades clave no sean renovadas con figuras creíbles para el mercado, las grandes decisiones de inversión seguirán careciendo del anclaje institucional que las haría rentables en términos ajustados por riesgo. El inversionista que entra hoy compra un activo cuyo precio refleja escenarios que aún no se han materializado. En otras palabras: el mercado puede anticipar una transición, pero no puede sustituirla. La oportunidad puede llegar, pero pertenecerá a quienes sepan distinguir entre el ruido del rally y la señal del compromiso institucional verificable.
