Al amanecer del martes de Carnaval, la escena en Los Juanes –un bajo en el Parque Nacional Morrocoy, conocido por sus playas prístinas y su altísima biodiversidad de especies marinas y de aves– parecía más una rumba flotante que un parque nacional: una hilera compacta de yates con música estridente, grupos enteros bañándose en espuma química y parrilleras hundidas a medias, con carne asada, en el agua turquesa. La postal —que recorrió el país, por medio de las redes sociales, en cuestión de horas— contrastaba con la fragilidad del ecosistema que intentaba sostenerla.
Durante el asueto de carnavales de 2026, Morrocoy –que, a pesar de ser uno de los sistemas marino-costeros más estudiados del país, ha sufrido en los últimos años coletazos de derrames petroleros y denunciasde “turismo depredador”– se enfrentó una vez más a aglomeraciones masivas de turistas, embarcaciones sobrepasando la capacidad del cayo, consumo excesivo de alcohol y uso indiscriminado de aerosoles de “tángana” dentro del mar encendieron las alarmas ambientales y desataron críticas públicas.
La respuesta de especialistas y organizaciones ambientales fue inmediata. Denunciaron que estas prácticas pueden asfixiar manglares y dañar corales porque los químicos forman una película que impide la respiración de las especies y altera procesos vitales del ecosistema. En Morrocoy, los manglares actúan como “guarderías” naturales: son refugio y zona de cría para peces, crustáceos y aves costeras, además de servir como barrera frente a tormentas. Los corales, por su parte, sostienen una de las cadenas alimenticias más importantes del parque y ofrecen hábitat a decenas de especies marinas que dependen de su estructura para reproducirse y alimentarse.
Cuando espuma, ruido, desechos o el peso de embarcaciones saturan estas zonas, no solo se deteriora un paisaje: se rompe el soporte ecológico que mantiene vivo al parque.
Tras la viralización de las imágenes, la Guardia Nacional anunció la detención de tres personas vinculadas al uso de químicos desde una embarcación. También se retuvo un yate y se decomisaron productos prohibidos dentro del parque. Un vendedor ambulante —según las autoridades, proveedor de los aerosoles usados en las “guerras de espuma”— fue arrestado por distribuir sustancias vetadas en un área protegida. El gobierno anunció además la creación de una mesa técnica entre el Ministerio de Ecosocialismo e Inparques para evaluar los daños y corregir las prácticas detectadas.
Lejos de cerrar el episodio, los hechos reavivaron un debate recurrente: la falta de control de aforo y de supervisión estatal en zonas bajo régimen de protección. Ambientalistas señalan que la combinación de turismo masivo, debilidad institucional y normas que no se aplican ha convertido estos espacios en escenarios de vulnerabilidad permanente. Y que, mientras las autoridades reaccionen solo después del daño, Morrocoy seguirá enfrentando crisis sucesivas en cada temporada alta.
Pero Morrocoy no es el primer paraíso natural que enfrenta la posibilidad de una tragedia de los comunes: en otras partes del mundo, episodios similares obligaron a gobiernos y comunidades a replantear sus modelos de gestión, introducir límites estrictos y rediseñar la relación entre visitantes y ecosistemas. Esas experiencias —algunas exitosas, otras aprendidas a golpe de crisis— ofrecen un mapa de soluciones concretas que Venezuela podría adaptar para evitar que escenas como las de este Carnaval se repitan. En Ecosistema les echamos un vistazo:
Cupos estrictos de visitantes y embarcaciones: la experiencia de Maya Bay
La historia reciente de Maya Bay, una bahía paradisíaca en Tailandia, es una advertencia muy clara para cualquier destino costero. Tras años de turismo descontrolado —más de 5.000 personas al día y centenares de lanchas fondeando sin regulación— la bahía colapsó: sus corales murieron, el agua perdió transparencia y las tortugas dejaron de reproducirse en la zona. El gobierno tailandés tomó una decisión drástica en 2018: cerró la playa por completo y, tras una restauración ambiental de cuatro años, reabrió con un nuevo modelo de gobernanza que incluye reservas obligatorias por franjas horarias, un límite estricto de grupos diarios y la prohibición de ingresar sin autorización. El efecto fue inmediato: se redujo el impacto humano, los corales comenzaron a regenerarse y la fauna retornó.
En el caso venezolano, aplicar un sistema similar no requeriría una reforma legal, sino activar instrumentos ya existentes, como el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU). “La legislación venezolana indica que lo que se puede hacer como recreación dentro de una de esas áreas es una recreación que no daña”, explica Alejandro Alvarez Iragorry, biólogo experto en la gestión de áreas protegidas y director de la organización ambiental Clima21, “Se puede ir para allá, se puede estar un rato en la playa, pero no se puede hacer una fiesta como la que se están haciendo ahí, menos en la magnitud, características y condiciones que se vienen haciendo”.
El marco jurídico ya permite establecer límites de 30 metros cuadrados por persona y ordenar el tráfico marítimo. De hecho, dice Álvarez Iragorry, la ley se hacía cumplir de manera más efectiva hace tres décadas, pero “nunca de manera absolutamente total, satisfactoria, pero muchísimo mejor cuando comparamos con lo que está sucediendo hoy en día”. Sin embargo, dice, hoy predomina “un turismo insostenible y desastroso”, una dinámica que se ha agravado año tras año, especialmente en los últimos 15 o 20 años, cuando –dice– la autoridad de Inparques se debilitó, dejando paso a grupos de lanchas que organizan fiestas de forma recurrente.
Por ello, la diferencia entre el modelo tailandés y la realidad local no está en la falta de reglas, sino en su aplicación sostenida. En un ecosistema frágil como Morrocoy, donde el Carnaval evidenció saturación de lanchas y playas desbordadas, la lección internacional es directa: sin límites claros y verificables, ningún parque nacional puede sostenerse en el tiempo.
Boyas, zonas autorizadas y control efectivo: lo que muestra el contraste con Bonaire
En el Parque Marino de Bonaire en el Caribe Neerlandés, uno de los ecosistemas marinos mejor preservados del mundo, la regla es directa: está prohibido fondear con anclas y todas las embarcaciones deben amarrarse a boyas ecológicas instaladas y numeradas por la autoridad ambiental. El sistema no solo protege físicamente a los corales —al eliminar el impacto de anclas sobre el fondo marino—, sino que además permite monitorear en tiempo real cuántos botes están presentes y por cuánto tiempo, gracias a un esquema de vigilancia constante y sanciones inmediatas.
En Venezuela, el marco legal ya contempla principios similares, aunque formulados de otra manera. El reglamento nacional de parques prohíbe el anclaje sobre fondos coralinos y en sitios no autorizados, y el PORU de Morrocoy zonifica sus áreas sensibles —como Los Juanes— para limitar su uso y preservarlas. Es decir, el ordenamiento existe en papel: el acceso y las actividades están condicionados a zonas permitidas y a criterios de protección ambiental.
La diferencia con Bonaire, como con el caso tailandés, no radica tanto en la ausencia de normas, sino en su operatividad. Mientras allá la prohibición se traduce en un sistema visible y verificable —boyas obligatorias, cupos y fiscalización permanente—, en Morrocoy el desafío es convertir la regulación en práctica sostenida. Implementar un esquema de amarre controlado, con boyas en sitios autorizados y límites por cayo, no implicaría inventar reglas nuevas, sino aplicar con consistencia las que ya existen.
En ese sentido, el verdadero salto no es legal sino institucional: pasar de un marco normativo formal a una gobernanza marítima activa, con protocolos estables, presencia en agua y capacidad de control continuo, independientemente de la temporada turística o del ciclo político.
El contraste es revelador: en Bonaire, donde el turismo representa cerca de la mitad del PIB, más de la mitad del empleo y 44% de los ingresos fiscales, el propio sector reconoce que el crecimiento sin control amenaza la naturaleza, la infraestructura y la calidad de vida. Por eso, en lugar de apostar por más volumen, la estrategia consensuada entre industria, autoridades y comunidad apunta a un modelo selectivo: menos presión sobre el entorno y mayor valor por visitante. La conclusión es clara para casos como Morrocoy: el debate no es turismo versus conservación, sino qué tipo de turismo se permite y bajo qué reglas.
Investigadores de la asociación turística de la isla, por ejemplo, concluyeron que el crecimiento sostenible es posible no atrayendo más turistas, sino aumento focalizado de turistas: en ese caso, aquellos con mayor poder adquisitivo y mejor alineados con el perfil del destino, lo que permite generar más valor económico con menor presión sobre la naturaleza y la infraestructura. Por ello, el sector propone una estrategia de crecimiento cualitativo orientada a una ocupación cercana al 70% con turistas que gasten más y se ajusten al carácter sostenible de Bonaire.
Registro digital y permisos electrónicos: lo que hacen las Baleares
Las Islas Baleares, en España, enfrentaron un problema similar: masificación turística y embarcaciones fondeando sin control. La respuesta fue tecnológica. Hoy, muchas de sus calas y áreas marinas funcionan con sistemas de reserva digital de amarres, donde cada embarcación debe registrarse, pagar o solicitar permiso, y recibir una confirmación vinculada a un horario específico. El sistema genera una base de datos con información del capitán, matrícula, tipo de embarcación y ubicación de amarre.
Este mecanismo ha reducido drásticamente el desorden en el mar y facilita la fiscalización: si aparece una embarcación no registrada, la autoridad la identifica y sanciona sin margen de ambigüedad. Para Venezuela, donde la supervisión en mar abierto es limitada, un esquema similar permitiría pasar del caos actual a una gestión con trazabilidad y control real. Un QR en la lancha, un registro previo y una lista de cupos completan una herramienta de gobernanza moderna.
Para Alvarez Iragorry, cualquier reforma local debería ir más allá del control dentro del parque. “Un PORU actualizado sería un extraordinario apoyo, aunque no es suficiente”, advierte. A su juicio, la gestión moderna debe considerar también presiones externas como derrames petroleros y el impacto del cambio climático, que condicionan la resiliencia del ecosistema incluso antes de la llegada de los visitantes.
Prohibición de productos contaminantes desde el origen: regulación de cadena completa en parques nacionales
Un error común en la gestión ambiental es prohibir el uso de sustancias contaminantes dentro del parque, pero permitir su venta a metros del embarcadero. Países como Costa Rica y México —especialmente en áreas marinas protegidas como Cozumel o el Pacífico Sur— han avanzado hacia regulaciones integrales que prohíben la venta, distribución y transporte de productos dañinos hacia zonas protegidas. Esto aplica a aerosoles, protectores solares no biodegradables, químicos recreativos y ciertos desechables.
La lógica es clara: cuando se corta la oferta antes de que llegue al mar, la fiscalización se vuelve más eficiente y con menos fricción. En Morrocoy, un sistema así impediría que aerosoles y espumas químicas —protagonistas del colapso de este Carnaval— lleguen siquiera a los cayos. La política ideal combina controles en puntos de venta, inspecciones aleatorias en embarcaderos y sanciones tanto para vendedores como para operadores turísticos.
Regular la cadena completa en torno a los parques nacionales —desde la venta hasta el uso— exige un Estado que actúe no solo como sancionador, sino como gestor consciente del territorio. En los países que aplican estas prohibiciones, las instituciones ambientales trabajan de forma coordinada con autoridades locales, operadores turísticos y comercios para asegurar que la norma no se diluya en la práctica. Esa capacidad de aplicación de la ley, sostenida en el tiempo, es la que convierte una regla en una política pública real.
Para Venezuela, el desafío no es solo dictar la prohibición de aerosoles o químicos recreativos, sino construir un esquema de control preventivo e institucionalizado que garantice que el ecosistema esté protegido antes de que llegue el primer visitante.
