Sentadas en dos sillas de plástico –entre carpas, lonas y colchones extendidos sobre el pavimento– dos mujeres observan el ir y venir de una cuadrilla que retira escombros de los pasillos de su edificio, parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que aún sigue en pie: “Este es el OPP-20 de San Bernardino”, dice una de ellas, “Aquí viven 187 familias”.
Así como ellas, desde el doblete sísmico del 24 de junio, en las aceras de la Avenida la Estrella en San Bernardino, decenas de familias viven bajo lonas improvisadas para protegerse del sol y la lluvia, con alguna de sus pertenencias, a la espera de una respuesta que les de seguridad sobre el futuro de sus viviendas.
Esta espera ha estado marcada por la incertidumbre. Los vecinos del OPP-20 relatan que, desde el terremoto, distintas comisiones han visitado sus edificios para realizar inspecciones. Sin embargo, aseguran que las explicaciones sobre el estado del inmueble no siempre coincidían – eran cambiantes según la persona que las realizaba.
“Un día nos querían poner una etiqueta verde”, dice uno de los vecinos, “Pero yo me decía: ‘¿cómo va a ser verde si como hasta casi el piso 7 las paredes están todas partidas o caídas?’. Continúa: “Luego otro día nos dijeron que no era habitable. No fue hasta el martes 8 de julio que llegaron estas cuadrillas a comenzar a tumbar y reconstruir piso por piso los daños”.
Lo que ocurre en el OPP-20 de San Bernardino no es un caso aislado. Durante un recorrido por distintas parroquias del municipio Libertador, Ecosistema encontró la misma situación: edificios en pie, pero con estructuras gravemente comprometidas; evacuados por sus habitantes y con sus familias viviendo en refugios informales o en casas de familiares y amigos.
Una vecina del edificio Ávila, en San Bernardino, relata que en las primeras semanas distintos organismos como Protección Civil e ingenieros particulares dieron información contradictoria. Algunos señalaban daños en la base del edificio, mientras otros hablaban únicamente de afectaciones en mampostería. Fue el 11 de julio cuando un equipo del Colegio de Ingenieros Venezuela (CIV) realizó una evaluación visual y determinó que no había fallas estructurales evidentes.
Habitantes del Edificio Grano de Oro, también en San Bernardino, explicaron que inicialmente algunos ingenieros les recomendaron permanecer en sus apartamentos. Días después, una réplica desprendió una pared y dejó expuesta una columna con las cabillas dobladas. Tras esa revisión, el inmueble recibió etiqueta roja.
La incertidumbre que describen los vecinos ocurre en medio de una emergencia nacional que, según reportes oficiales del 15 de julio, ha dejado 856 edificios afectados con daños estructurales y 190 completamente colapsados.
Para el 9 de julio, la alcaldesa del Municipio Libertador, Carmen Meléndez, informó que en el Distrito Capital se contabilizaban 69 fallecidos, de los cuales 45 correspondían a la parroquia San Bernardino, la zona con mayor número de víctimas reportadas. También señaló que 11 edificios con daños estructurales se encontraban bajo intervención y que las inspecciones técnicas se realizaban mediante un sistema de clasificación por colores: verde, amarillo y rojo. No detalló cifras de daños estructurales.
Ecosistema recorrió seis edificios ubicados en las parroquias Altagracia, Santa Rosalía y San Bernardino, y conversó con 11 familias afectadas. En ninguno de los inmuebles visitados los vecinos afirmaron haber recibido un informe técnico definitivo que les permitiera conocer el estado de sus viviendas. Antes del terremoto, estos edificios albergaban, en promedio, unas 110 familias cada uno, lo que supone alrededor de 660 grupos familiares que hoy permanecen desplazados a la espera de una evaluación que determine si pueden volver a sus hogares. También se pudo constatar familiar durmiendo en carpas frente a sus edificios en Caricuao por el desplome de tanques de agua en los techos.
Los casos encontrados muestran una diferencia entre la dimensión visible del desastre y la realidad cotidiana de quienes aún no pueden regresar a sus hogares. Mientras los derrumbes representan la parte más evidente de una emergencia sísmica, la realidad de Caracas muestra edificios en pie pero que no pueden ser habitados, lo que puede dar la impresión de que el impacto del terremoto en la ciudad fue limitado.
Ante la falta de un registro público detallado, iniciativas de la sociedad civil como SismoAyudaVe, dan algunas luces de las necesidades y daños en la ciudad. La plataforma, conformada por ingenieros y arquitectos voluntarios, junto con los reportes de los residentes, en alianza con el CIV, para el 16 de julio registraba 2015 reportes provenientes del Distrito Capital: casi siete de cada diez casos recibidos en todo el país.
A nivel nacional, las evaluaciones remotas registradas en la plataforma muestra que 871 edificaciones (29%) fueron clasificadas con «entrada limitada» y 413 (14%) como no seguras o colapsadas. En las inspecciones presenciales realizadas junto al CIV, de 4260 evaluaciones completadas, 533 edificaciones fueron catalogadas como de «peligro: no entre ni ocupe» y 587 como edificaciones de uso restringido.
Miguel Feijoo, profesor de las escuelas de Arquitectura de la UCAB y la UCV y voluntario en inspecciones de edificaciones, explica que las evaluaciones realizadas por voluntarios tienen un carácter preliminar y buscan ofrecer una primera aproximación sobre las condiciones de seguridad de los inmuebles. «El objetivo es darle certidumbre a la gente, pero la demanda de inspecciones ha superado la capacidad de respuesta del Estado», afirma.
Ante ese escenario, el CIV, junto con la UCAB, la UCV y la Universidad Metropolitana, ha comenzado a formar inspectores de emergencia para apoyar las evaluaciones en campo. Sin embargo, Feijoo aclara que, para evitar la confusión generada por múltiples visitas y diagnósticos distintos, únicamente las inspecciones realizadas por los equipos acreditados por la Comisión Presidencial para la Atención de la Emergencia tienen la potestad de asignar oficialmente las etiquetas verde, amarilla o roja que determinan la condición de una edificación.
Aunque la mayoría de los edificios visitados permanecen en pie, la vida de cientos de familias continúa suspendida. Algunas siguen durmiendo bajo lonas improvisadas; otras se repartieron entre casas de familiares o decidieron permanecer en apartamentos cuya seguridad aún desconocen.
Quienes permanecen en los campamentos improvisados instalados frente a sus edificios temen que, en cualquier momento, las autoridades puedan pedirles desalojar esos espacios para ser trasladados a refugios temporales. «Yo ya viví eso en [las lluvias fuertes e inundaciones de] 2010 y no quiero volver a pasar por un refugio», cuentan dos vecinas del OPP-20 de San Bernardino y del OPP-6 de Santa Rosalía.
Ambas perdieron sus viviendas durante las lluvias de 2010 y fueron reubicadas por el Estado en los apartamentos que ocuparon hasta el terremoto del 24 de junio. Dieciséis años después, vuelven a dormir frente a esos mismos edificios porque prefieren permanecer cerca de sus hogares. «Quiero estar aquí”, explica una de ellas, “Me da miedo irme y que después ocupen mi apartamento o que pase algo con mis cosas”.
En el oeste de Caracas, muchos edificios permanecen en pie pero quedaron estructuralmente comprometidos. Desde la calle parecen habitables, pero por dentro las grietas y los daños hacen que muchas familias no se atrevan a regresar.
Así, una parte de la emergencia en Caracas pasa casi desapercibida.
Hoy, hay cientos de familias que, por temor a un nuevo derrumbe, han tenido que abandonar sus hogares sin saber aún cuándo podrán volver – a la espera de inspecciones validadas y profesionales que les de confianza y en medio de un Estado cuya capacidad de respuesta ha quedado totalmente superada.
