Del petróleo mucho se habla pero poco se conoce. Como mantra se repite que el petróleo es “nuestro”. Un sentido de posesión y propiedad que, necesario es decirlo, se pierde en nubarrones de conceptos, metafísica y expresiones poco alcanzables. Porque realmente, ¿qué significa que el petróleo es nuestro? ¿Tiene realmente la población idea de lo que ello significa, o cuando menos, intuye cuáles son las implicaciones de esta afirmación?
Uno no come petróleo. Al menos no directamente. Del mismo modo que tampoco se baña uno en él, salvo que, paradójicamente, venga un derrame e inunde las costas y los mares, con los consabidos desastres ecológicos y ambientales que ello acarrea. Porque sí, necesario es repetirlo hasta la saciedad: el petróleo por sí solo, sin la intervención de la mano del hombre, no es más que un elemento orgánico que no agrega mayor valor a nuestras vidas. Es su transformación, su procesamiento, su valor agregado, lo que, eventualmente, puede conducir a la creación de riqueza, y con ella la expresión plausible de un mayor bienestar para los venezolanos.
Lo cierto es que, a lo largo de la historia venezolana, una de las recetas favoritas que han empleado los gobiernos ha sido la creación de fondos soberanos –fondos de inversión del Estado para poner excedentes públicos con los cuales obtener rentabilidad y respaldar la economía– para la canalización de los ingresos petroleros. Porque se entiende, o se asume, que esos recursos que se derivan de la industria de los hidrocarburos deben, imperativamente, ser conducidos a los ciudadanos venezolanos.
En enero de 2026, Delcy Rodríguez, en su condición de máxima autoridad de Venezuela, anunció que crearía un nuevo fondo al que se destinarían parte de los ingresos petroleros para atender necesidades imperativas y demandas sociales. Para el momento en que se escriben estas líneas, poco o nada se sabe sobre su funcionamiento o marco legal, pero la intención está allí.
Antes de pensar en lo que podría ser, conviene mirar las lecciones y advertencias de lo que ya fue: en la experiencia venezolana del siglo XX y principios del siglo XXI —y en las enseñanzas que llegan de otras latitudes— se esconden claves claras sobre cómo no volver a fracasar.
Crónica de un ahorro frustrado
En el sentido moderno del término, los fondos soberanos de Venezuela derivados del petróleo hicieron su aparición en la década de 1970. Durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) surge el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV). El contexto es conocido: como consecuencia del boom petrolero que ocurre en su mandato, el Estado comienza a tener mayor abundancia de ingresos, y este ingreso fiscal extraordinario se decide canalizar en el FIV. El fondo emplearía sus recursos para, esencialmente, financiar proyectos estratégicos, como lo sería, por ejemplo, la famosa diversificación de la economía venezolana y la industrialización del país. Por ejemplo, en Tinaquillo, estado Cojedes, se ejecutó en medio de la «Gran Venezuela» un proyecto buscaba transformar esta localidad en un centro manufacturero portentoso en el corazón de los llanos venezolanos.
Pero como sucede a menudo con las grandes gestas burocráticas hechas por el planificador central, el FIV no funcionó. Y no funcionó porque era un instrumento con una alta carga de politización, desafiaba abiertamente la lógica del mercado con proyectos no rentables (imposición top-down), poseía una alta opacidad y una política fiscal que terminó endeudando más al Estado venezolano, a contravención de lo que, al menos en el papel, estaba destinado a evitar. En honor a la verdad, no hubo visión de futuro ni de ahorro, sino una ejecución de gasto corriente que poco tenía que ver con una mirada hacia el porvenir de las próximas generaciones.
Si bien el FIV terminó siendo un fondo de inversión estatal, más que un fondo de estabilización y ahorro, la semilla quedó sembrada. Esta semilla intentaría echar raíces dos décadas después, cuando los segundos gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y Rafael Caldera (1994-1999), por distintos motivos, convicciones e incentivos, reconocen que el país tiene que abandonar los vicios del estatismo. Se intenta abordar el libre mercado, la globalización y las tendencias que abrazaba un mundo en el que había caído el Muro de Berlín, donde la Unión Soviética formaba parte del pasado y la economía de mercado había demostrado su primacía frente a las premisas de la planificación centralizada.
En ese entorno, la década de 1990 representó para Venezuela un intento fallido de institucionalización. Asonadas golpistas, la crisis bancaria más grande que había sufrido el país en el siglo XX, la caída de los precios del petróleo, y en medio de todo ello, el viraje perecista y las reformas macroeconómicas encabezadas por la Agenda Venezuela del presidente Caldera.
Es en la presidencia de este último en la que no sólo se discutió la necesidad de fondos de estabilización y el requerimiento imperativo de abrir (de nuevo) la industria petrolera al capital privado. En este contexto surge en 1998 el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM). Hijo de las ideas de su tiempo, el FIEM se inspiró en dos figuras clave: el Fondo de Estabilización de los Ingresos del Cobre de Chile y el fondo de pensiones de Noruega, cuya gestación recién comenzaba en 1990. El primero servía para ahorrar y suavizar los ciclos de ingresos del Estado chileno ante la volatilidad del precio del cobre, el segundo invertía los excedentes petroleros en los mercados financieros globales para garantizar riqueza y estabilidad a largo plazo para las futuras generaciones.
El FIEM buscaba, en esencia, ser el espejo de lo que se pregonaba en otras áreas de gobierno: ahorrar excedentes petroleros, amortiguar ciclos de precios y reducir la volatilidad fiscal. Probablemente haya sido el FIEM el primer fondo venezolano que se creó con una visión de futuro y de bienestar real. Si bien su creación se dio bajo la administración de Caldera, el fondo comenzó a recibir sus primeros aportes importantes durante el inicio del gobierno de Hugo Chávez, en buena medida gracias al rebote de los precios del petróleo.
Cosas pasaron. Durante la gestión de Chávez hubo varias modificaciones al marco regulatorio del FIEM, siendo tal vez la más importante la ocurrida en 2003, en la que, en esencia, el fondo deja de tener una gestión basada en reglas y pasa a ser administrado de forma discrecional. No pasará mucho tiempo para que, bajo la premisa de la «imperativa inversión social», el FIEM deje de existir y se abra el camino al Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM). No fue solo un cambio cosmético o de sustantivos. Con el ahorro enterrado y en el olvido, el gobierno abrirá las puertas a la creación del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) en 2005.
El Fonden, en la práctica, se convirtió en la caja chica del Estado. Un canal para administrar gasto corriente que, en medio de la coyuntura de principios de los 2000, aprovechó el boom de precios, el control político sobre PDVSA y el Banco Central de Venezuela (BCV) para asignar recursos a lo que la gestión chavista considerara oportuno. No era, pues, un fondo de ahorro. Sus recursos se destinaron a fines varios, algunos loables aunque ineficientes por su sesgo estatista-socialista, otros mucho más cuestionables, como la transferencia de recursos a aliados políticos en América Latina. Al estar bajo el control directo del Ejecutivo, su administración fue, cuando menos, opaca. Ni produjo ahorro, ni tampoco invirtió en el futuro.
El retorno incierto de los fondos soberanos de Venezuela
Ante los anuncios recientes de Rodríguez, este preámbulo es pertinente y actual. Sin embargo, algunas precisiones deben hacerse: primero, un fondo soberano es, precisamente, soberano. Deben existir mecanismos institucionales de control que garanticen que no sea otro intento de caja chica. Segundo, por su naturaleza, los fondos soberanos ahorran. ¿Qué puede ahorrar Venezuela hoy? No es poca cosa que el país deba entre 150-170 millardos de dólares en diversas acreencias internacionales, tal y como señalaba recientemente JP Morgan. Se necesita una ingeniería financiera muy bien pensada para generar ahorros al tiempo que se reestructuran compromisos con los mercados.
Algunas ideas han salido al ruedo. Recientemente, Peter McPherson ha señalado en The Wall Street Journal que el presidente Trump tiene una oportunidad de contribuir a estabilizar Venezuela aprendiendo de los errores cometidos en Irak (McPherson fue el director económico de la Coalition Provisional Authority de Irak, el gobierno provisional establecido por Estados Unidos y sus aliados durante la invasión estadounidense en 2003).
La propuesta de McPherson, siguiendo el modelo del fondo de Alaska (Alaska Permanent Fund), un estado petrolero estadounidense, consiste en que cada venezolano reciba dividendos trimestrales directamente derivados del ingreso petrolero. En concreto, los ingresos fluirían hacia el fondo fiduciario recientemente creado en Qatar, cuyos activos y pagos se publicarían de manera transparente en línea. Cada ciudadano que aún viva en el país recibiría un dividendo basado en una participación fija, empleando tecnologías como identificación biométrica y pagos digitales rastreables.
Propuestas como estas contribuirían a restarle peso al argumento de que los estadounidenses vinieron a “robar” el petróleo. Vaya forma de robo esa en la que los ciudadanos reciben, sin burocracia de por medio, los ingresos del maná negro. Las ideas de McPherson no constituirían propiamente un fondo soberano, sino una transferencia directa (direct cash transfer). Lo más importante es que el tema está en debate y en plena palestra pública, incluso en los principales medios del mundo.
Visto en el retrovisor, el FIEM fue tal vez el único intento serio de fondo de estabilización de nuestra historia. Lamentablemente, no sobrevivió a la tabula rasa bolivariana. La experiencia sugiere que cualquier iniciativa de este tipo debe prever aspectos clave de gobernanza y blindaje institucional.
Al final del día, el petróleo no es más que el silencio geológico de milenios convertido en combustión. Durante más de un siglo, se intentó encerrar esa fuerza entre decretos y oficinas, creyendo que la riqueza era un derecho existente por nacimiento y no el fruto del trabajo y la evolución. En el presente, en medio de fideicomisos en Qatar y promesas que huelen a palabras rancias, nos queda la misma disyuntiva que enfrentaron los venezolanos muchas décadas atrás: entender que la verdadera soberanía no reside en el subsuelo, sino en la capacidad de una sociedad de mirar al futuro sin gastárselo antes de que amanezca.
Quizás, después de tanto naufragio, hayamos comprendido que el maná negro sólo bendice a quienes saben que, tras la abundancia, siempre acecha el desierto.
¿Habremos aprendido la lección?
