Venezuela anunció esta semana un proceso formal para renegociar su deuda externa por primera vez en casi una década. El comunicado —en donde los entes estatales destacaron que será un “proceso integral” con objetivos “sostenibles”— llega en un contexto de continuos cambios acelerados en el país tras los sucesos del 3 de enero; para muchos inversores, es la guinda en el pastel sobre la atención de los bonos venezolanos —cuyo valor ha aumentado con fuerza en las últimas semanas—, pero para los analistas que estudian con rigor el proceso, la cautela prevalece sobre la euforia.
En la práctica, una reestructuración funciona como una renegociación financiera a gran escala. El país intenta convencer a sus acreedores de aceptar nuevas condiciones —más tiempo para pagar, intereses más bajos o incluso una reducción parcial de la deuda— bajo la premisa de que cobrar menos es preferible a no cobrar nada. El objetivo no es “borrar” la deuda, sino hacerla pagable sin que el Estado colapse financieramente.
Para entender la magnitud de lo que está en juego, conviene hacer una pausa sobre los datos y su naturaleza.
Fuente: Transparencia Venezuela.
Y es que la deuda externa de Venezuela presenta dos dimensiones muy distintas según cómo se la mida. Según datos de Transparencia Venezuela, los bonos soberanos y de PDVSA en default (es decir, en impago) rondan aproximadamente los 94 mil millones de dólares; pero al sumar los reclamos totales del país —incluyendo laudos arbitrales, litigios activos, intereses acumulados, préstamos bilaterales y deuda comercial— el monto podría ascender a los 170 mil millones de dólares, el equivalente a dos veces el tamaño de toda la economía.
Esa acumulación de deuda tiene una historia bien documentada.
Fuente: José Ignacio Hernández.
Venezuela fue históricamente reconocida como uno de los pocos países de la América Latina que era puntual en el pago de sus compromisos externos. Pero el colapso de los precios del petróleo en 2014, combinado con años de gestión fiscal expansiva y la posterior caída abrupta de la producción petrolera, deterioraron la capacidad de pago del país hasta generar la cesación de los mismos en 2017.
Desde noviembre de 2017 hasta abril de 2024, el gobierno anunció ocho intentos de reestructuración de distinto calibre, como reiteraciones en balances económicos, protocolos con Rusia, “negociaciones globales” no especificadas, o prórrogas de esquemas de pago. Todos quedaron en suspenso. Solo en abril de 2024, se concretó el primer movimiento técnico serio en siete años, con la contratación de la firma Rothschild & Co. como asesor financiero. Ahora, el nuevo anuncio llega en un contexto radicalmente distinto, sobre todo por el deshielo con Washington y organismos internacionales que están dispuestos a dialogar.
Pero hay un detalle técnico crucial en el comunicado reciente: sólo apunta a los bonos, dejando fuera laudos arbitrales, deuda comercial, impago de proveedores, deuda multilateral y el grueso de los préstamos bilaterales —que juntos acumulan cerca de 75 mil millones de dólares. “Reestructurar sólo los bonos subestima la verdadera carga de la deuda externa y no resuelve el problema integralmente”, dice Omar Zambrano, economista jefe de ANOVA Policy Research y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, en su cuenta de X, quien también advierte que de seguirse este rumbo el alivio financiero sería marginal y la sostenibilidad económica permanecería comprometida.
El proceso: cuatro ingredientes que Venezuela aún no tiene
Reestructurar la deuda externa de un país es un proceso complejo, pues implica modificar los términos originales de sus obligaciones para hacer el pago viable, como cambiar plazos o reducir tasas de interés. No existe un tribunal internacional que arbitre estos casos de manera vinculante, por lo que todo depende de negociaciones directas entre el Estado deudor y sus acreedores, mediados frecuentemente por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial.
El modelo más recurrente en América Latina ha sido el de los Acuerdos de Reestructuración con Descuento —conocidos como haircuts—, donde el acreedor acepta recuperar menos del valor de lo que prestó, a cambio de certeza de cobro y, en algunos casos, mejores garantías. Esto fue lo que hizo Argentina en 2001 en un proceso que implicó auditoría externa de la deuda, la conformación de comités de acreedores y la mediación del FMI.
Leonardo Vera, economista y profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas, identifica cuatro ingredientes indispensables para que un proceso de esta magnitud tenga legitimidad ante los acreedores: un equipo técnico local que construya las estadísticas en los formatos exigidos por el FMI, asesores financieros y legales con experiencia en reestructuraciones soberanas, un equipo negociador —distinto al técnico— que represente al país en la mesa, y un engagement formal con los organismos multilaterales.
Tras el anuncio de reestructuración de la deuda por parte del gobierno interino de Venezuela, Julie Kozack, portavoz del FMI, destacó que pese a estar al tanto del proceso, las autoridades de Venezuela no se habían comunicado ante el ente directamente ni que se había pedido financiamiento.
“Creo que se hicieron las cosas al revés. Se anunció un proceso de reestructuración y ni siquiera se había hecho la consulta o al menos habían advertido al FMI de que iban a tomar esa decisión”, dice Vera, “Eso es delicado porque, dado que se están restableciendo las relaciones, pues lo mínimo que podía haberse hecho es notificar al FMI de que se iba a abrir un proceso de reestructuración y que se iban a abrir contrataciones”.
Para Alejandro Grisanti, director de la firma Ecoanalítica, el primer paso debería ser una misión técnica del FMI para revisar las cifras oficiales, seguida de un el diagnóstico formal del organismo a Venezuela —algo que no se hace desde hace más de veinte años. Solo esas dos etapas podrían consumir entre diez y doce meses, por lo que estima que una reestructuración integral podría estar cerrada en cuatro o cinco años, según agregó en su cuenta de X.
La construcción estadística tampoco es un trámite menor. “Lo más complicado aquí es la data real, la poca confianza que hay en lo que conocemos de cuentas nacionales y la data fiscal”, dice Vera, quien además de mencionar variables macroeconómicas, enfatiza que se deben revisar los datos del sector público en sentido amplio —PDVSA, bancos del Estado, empresas públicas no financieras y seguro social. “Ahí es donde van a poner los ojos y la atención los equipos técnicos”, explica.
También es clave entender que el frente acreedor no es un bloque uniforme. A diferencia del ejemplo argentino, el problema con Venezuela es que además de los bonistas tradicionales, debe lidiar con acreedores bilaterales como China, con laudos arbitrales ejecutables sobre activos venezolanos en el exterior, y con la posibilidad de que algunos acreedores intenten bloquear acuerdos alcanzados con otros.
Lo que está en juego
“Gran parte de lo que está detrás de esta urgencia por reestructurar es que el gobierno interino necesita financiamiento internacional y ya se ha dado cuenta de que Estados Unidos no va a poner un solo dólar en Venezuela”, explica Vera, “Está buscando esta salida —una negociación rápida de la deuda— para buscar el acceso a los mercados voluntarios”.
Un acuerdo que normalice las obligaciones externas venezolanas permitiría acceder a crédito en condiciones predecibles, recuperar relaciones con el FMI —facilitando que se descongelen los 5 mil millones de dólares asignados al país—, y enviar una señal de institucionalidad a inversores privados que hoy evitan Venezuela precisamente porque el país opera fuera del perímetro de la ley financiera internacional. Pero en este caso puntual, el cómo lograr este acuerdo es la llave.
El tamaño de la quita —es decir, la reducción del monto que los acreedores aceptarían a cambio de certeza de cobro— depende de lo que los equipos técnicos determinen como capacidad real de repago de Venezuela sin comprometer la sostenibilidad de sus cuentas públicas. “La idea es diseñar un esquema no solo de reducción de deuda, sino de ampliación de plazos y reducción de cupones, en donde se garantice que el país va a poder tener finanzas sostenibles y que, por lo tanto, el repago de los nuevos papeles va a cumplirse”, explica Vera. Esto generaría situaciones ganar-ganar.
Sobre si el gobierno debería buscar ese proceso con o sin el FMI como respaldo, existen dos dos rutas posibles. La primera —y más sólida para Vera— es firmar un programa de estabilización con el FMI, que otorgue a los acreedores la garantía de que las cosas se hacen con seriedad y permite negociar desde una posición más fuerte. La segunda sería avanzar sin ese aval, con menos garantías y probablemente en condiciones menos favorables. De acuerdo con el economista, en el caso venezolano, la incertidumbre sobre quién gobernará en los próximos años hace que cualquier plan emprendido hoy enfrente una restricción política adicional que los acreedores también pondrán sobre la mesa.
En cuanto a los mecanismos de negociación disponibles, el menú es más amplio de lo que suele comunicarse: desde bonos con cláusulas contingentes —que prevén períodos de gracia automáticos si el país pierde capacidad de pago—, hasta instrumentos indexados al PIB o a los ingresos petroleros, bonos temáticos con criterios ambientales, e incluso el intercambio de deuda por activos —una opción que, en el caso venezolano, podría involucrar concesiones o participaciones en sectores productivos. “Hay muchas posibilidades en ese sentido y novedades en los mercados, incluso en los procesos de reestructuración”, dice Vera, quien recomienda no complicar el menú, dada la complejidad del caso venezolano en sí mismo.
La encrucijada
El mapa de dificultades para Venezuela es tan extenso como el de las oportunidades. El primero y más concreto es que la Licencia General 58, emitida recientemente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), permite que Venezuela contrate asesores legales, bancos de inversión y consultores para preparar una eventual negociación, pero no autoriza ejecutar transacciones financieras, por lo que las dichas sanciones siguen en pie hasta ahora.
Pero el riesgo más grave es el de una negociación asimétrica. “Una reestructuración mal hecha hoy, hipoteca la posibilidad bien hecha en el futuro”, advierte Zambrano. Y es que cuando un soberano sin estadísticas auditadas, programa formal con el FMI y ancla multilateral se sienta frente a acreedores profesionales, la historia sugiere que el acreedor es quien se impone, en contra de los intereses nacionales. Sin un análisis de sostenibilidad de deuda refrendado por el FMI, Venezuela negociaría a ciegas, desde la inferencia que hagan los acreedores sobre su capacidad de pago, en lugar de cifras auditadas.
Otro punto relevante es que responder al impago de deuda supone en cualquier caso un desembolso de recursos, y hacerlo en este momento específico del país —donde el ingreso medio permanece estancado, y persisten las distorsiones cambiarias e inflacionarias—, podría suponer un gran costo de oportunidad. “Poner a Venezuela a pagar compromisos de deuda el año que viene o dentro de dos años sería el resultado de una mala negociación”, advierte Vera, “Hay que buscar un equilibrio en donde se consolida fiscalmente, pero no se afectan severamente los déficits de infraestructura y los déficits sociales”.
Además de los acuerdos de deuda, los mercados reaccionarán simultáneamente a la evolución del sector petrolero, la estabilidad macroeconómica y la coherencia de las reformas institucionales. Venezuela tiene hoy una ventana real para reinsertarse en la conversación financiera internacional, pero también condiciones muy exigentes. Albert Camus, escritor francés, llegó a decir una vez que el fin justifica los medios siempre que los medios justifiquen el fin. La reestructuración de la deuda sigue esa misma lógica.
