El gobierno ha anunciado un ajuste en el «ingreso mínimo integral», elevando el monto total hasta los 240 dólares mensuales, un aumento de alrededor de un 25%. Por su parte, las pensiones experimentaron un ajuste del 40%, situándose ahora en 70 dólares. El salario base continúa estancado en 130 bolívares, monto en el que ha permanecido desde marzo de 2022, una cifra que equivale actualmente a menos de 30 centavos de dólar.
Este anuncio perpetúa la «bonificación» del ingreso, donde la mayor parte de la remuneración se percibe a través de pagos no salariales que no tienen incidencia en el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones o utilidades. Este anuncio tiene repercusiones en toda la economía, a continuación cuál es su impacto y qué estrategias se pueden tomar alrededor.
Asfixiado por su propio peso: las limitaciones del sector público
El Estado venezolano opera bajo una estructura marcadamente deficitaria, compuesta por una burocracia que supera los 30 ministerios con múltiples instituciones adscritas, además de los restantes poderes públicos y cientos de empresas estatales. El sistema de seguridad social añade un compromiso financiero crítico; según cifras oficiales, la fuerza laboral activa asciende a 5,3 millones de personas —predominantemente en el sector público— a las que se suman 5,7 millones de pensionados cuyas asignaciones dependen directamente del flujo de caja del Estado.
Bajo esta premisa, el discurso oficial en semanas previas ha enfatizado la necesidad de un «incremento responsable». Una de las mayores preocupaciones a nivel macroeconómico alrededor del aumento es el riesgo de un efecto pass-through —un fenómeno en el que al encarecerse el precio de un bien, en este caso el sector trabajo, se traslada a el precio de los bienes— que impacte a la inflación o la tasa de cambio, dado el tamaño de la nómina pública. “El monto final está diseñado de tal forma que el incremento no supere con creces a la oferta adicional de divisas en el mercado cambiario”, dice el economista Jesús Palacios Chacín, es decir que se busca “esterilizar el efecto”.
Esto significa que, cualquier gasto adicional del Estado está y estará supeditado a la evolución de los ingresos petroleros. De acuerdo a Palacios Chacín, se proyecta un aumento de los ingresos petroleros de hasta el 70%; por lo que “probablemente se anuncien aumentos nuevamente durante el año” en los que “todo el aumento de ingreso no se destine al salario”, comenta.
La bonificación de los ingresos es un resultado directo de la actual Ley Orgánica del Trabajo, promulgada en el 2012, en un contexto de bonanza petrolera. Esta contempla una estructura sumamente generosa en lo que respecta a beneficios extrasalariales como las prestaciones, vacaciones, etc. No obstante, el entorno macroeconómico que dio origen a dicha norma ha desaparecido. En la Venezuela de 2026, la vigencia de estas obligaciones laborales, choca frontalmente con la capacidad real de pago de las instituciones. Esto plantea una premisa ineludible: cualquier aumento sustancial del salario mínimo que pretenda ser sostenible requiere, necesariamente, de una reforma laboral profunda que adapte la estructura de pasivos a la realidad productiva del país en conjunto con una redimensión del tamaño del Estado.
Los desafíos del sector privado
Esta política de ajustes no se limita exclusivamente a la nómina estatal. Delcy Rodríguez precisó que “En este ingreso mínimo integral está exhortado el sector privado también a aplicarlo en aquellos casos donde sea inferior al equivalente de los 240 dólares”. El número de beneficiarios directos dentro de la empresa privada es limitado, porque “en el sector privado muchos sueldos están por encima de ese monto”, dice Palacios Chacín.
Sin embargo, existe el riesgo de que las bandas salariales se solapen. “El solapamiento suele suceder cuando el piso salarial sube, ya sea por decreto o por mercado y los niveles superiores no se ajustan en la misma proporción” advierte Antonio Rosamilia, gerente de recursos humanos de Farmacias Xana. El mayor impacto suele enfrentarse los profesionales senior y gerencias medias “porque el nivel operativo suele recibir ajustes y la alta gerencia suele tener paquetes dolarizados blindados” dice Rosamilia. Esto como resultado tiene la frustración e impulsa la deserción de esas personas.
Rosamilia recomienda “incrementar la distancia entre el mínimo y el máximo de cada nivel para evitar que el tope de un nivel inferior alcance al mínimo del superior”. Sin embargo, no todas las empresas cuentan con los mismos recursos. Según Palacios Chacín, los sectores en mejor posición para hacer frente al aumento salarial son “los vinculados al sector energía, alimentos y retail”.
Según María Cristina París, economista y fractional CFO de varios startups, “no se trata de pagar más o menos, sino de pagar mejor”. Esto es posible mediante la migración a “modelos mixtos, donde una parte relevante de la remuneración esté atada a desempeño, generación de ingresos o hitos operativos”, dice, “de modo que el costo crezca en función del negocio”.
Adicionalmente, es trascendental manejar el factor tiempo a la hora de diseñar las remuneraciones “escalonarlos, indexarlos parcialmente o diferir componentes, y acompañarlos de mejoras en productividad y eficiencia”, explica París, “subir salarios sin una correlación en ingresos o márgenes termina trasladando presión directamente al flujo de caja”.
Sin embargo, esa migración puede ser un proceso complejo y requiere entender qué esquema es más beneficioso para cada posición. Rosamilia propone evaluar “la criticidad del cargo, es decir, qué tan difícil es reemplazar a esta persona; el impacto que tiene en el negocio y la relación entre su desempeño y el potencial”.
Para ello es necesario utilizar indicadores y herramientas. Una de ellas es la Nine Box Talent Grid, una matriz que conjuga el desempeño y el potencial futuro de cada empleado. “Los que se identifiquen como top talent, es decir alto desempeño y potencial deben ser priorizados en los planes de retención, sucesión y beneficios personalizables”, explica Rosamilia.
Por otro lado, París recomienda incorporar el burn rate y el cash runway a los tableros de mando: indicadores que miden la velocidad a la que una empresa gasta su capital antes de generar un flujo de caja positivo por sus operaciones y el tiempo que le queda antes de quedarse sin dinero. En un modelo que avanza cada vez más hacia el protagonismo del sector privado, es clave asimilar el rol que la viabilidad y la productividad tienen a la hora de compensar al trabajador.
La urgencia de los trabajadores
Sin embargo, la dimensión social del salario en Venezuela no puede reducirse a una simple correlación de cifras macroeconómicas: es, fundamentalmente, una crisis de subsistencia. Con una canasta básica que actualmente oscila en torno a los 645 dólares, se hace evidente que el salario mínimo no guarda relación alguna con el costo real de la vida. Se necesitan 2.150 salarios mínimos o 2,7 salarios integrales para cubrir la canasta alimentaria. Estas dificultades se suman a la inexistencia de un Estado de bienestar funcional que actúe como colchón para las mayorías con ingresos bajos.
Las familias venezolanas no sólo deben costear su alimentación, sino que deben asegurar su bienestar diario, financiando desde el acceso a agua potable, el transporte, energía alternativa, servicios médicos de emergencia y educación. Este escenario genera una paradoja. Desde la óptica de la solvencia fiscal y la productividad empresarial, un aumento sustancioso es inviable, el entorno macro necesita varios meses para estabilizarse; no obstante, el hogar venezolano enfrenta una urgencia diaria.
En ese sentido, resulta lógico que se busque amortiguar la carga mediante estructuras alternativas, como las transferencias directas, como es el caso de los “bonos de guerra”. Estos están fijados en 200 dólares para los trabajadores activos, 168 dólares los jubilados de la administración pública y 70 dólares para los beneficiarios del sistema de pensiones, como anunció el Ministro del Trabajo. Rodríguez también comunicó la creación del “Bono de Reconocimiento Profesional” destinado a maestros, profesores universitarios, personal de salud y agentes de seguridad.
A pesar del entorno, existe un margen de maniobra que reside en la agencia individual. La capacitación constante y la adquisición de nuevas habilidades son herramientas críticas para posicionarse dentro del mercado laboral. Entender las tendencias actuales y adaptar el perfil profesional a la demanda permite capitalizar oportunidades, incluso en sectores deprimidos. Aunque este esfuerzo personal no resuelve la falla del sistema, representa un nivel de influencia esencial para mejorar la competitividad, la remuneración y la productividad en un contexto de alta precariedad.
Mientras la remuneración siga desarticulada de la productividad real y anclada a un marco legal de bonanza inexistente, cualquier incremento será diluido por la fragilidad fiscal y la inercia de los costos. En última instancia, la recuperación del poder adquisitivo no vendrá de la Gaceta Oficial, sino de una reforma profunda de las reglas de juego de la economía venezolana.
