La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió este 14 de abril la Licencia General 57 (LG57), una medida que autoriza transacciones de servicios financieros con el Banco Central de Venezuela (BCV), y otras instituciones estatales como el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores, así como entidades en las que estos bancos tengan participación mayoritaria. Aunque la licencia mantiene restricciones sobre activos bloqueados habilita funciones básicas del sistema financiero que durante años estuvieron severamente limitadas.
La LG57 toca el corazón del sistema financiero venezolano. El BCV no es un actor más dentro de la economía, sino más bien el punto de conexión entre reservas internacionales, pagos, mercado cambiario y sistema bancario.
“Cuando [el BCV] está sancionado, prácticamente la secuela de las sanciones pasa sobre todo el sistema financiero” dice Alejandro Grisanti, director de la firma Ecoanalítica, “implica tener un sistema financiero sancionado, sobre todo con lo que tiene que ver con la parte de corresponsalías internacionales. Muchos bancos medianos y pequeños en el mundo se apoyan en sus bancos centrales para poder hacer la corresponsalía de transferencias en dólares con el resto del mundo”.
De hecho, algunas operaciones financieras habían desaparecido desde que la OFAC impuso sanciones al BCV en 2019, y las que sí permanecieron habilitadas, se volvieron más complejas de ejecutar en cada proceso, con más filtros, tiempos de espera y, sobre todo, menos disposición a participar.
Lo que cambia —y lo que no— en el tablero financiero
Uno de los efectos de la nueva licencia apunta precisamente a ese punto de presión, pues ahora facilita la apertura y manejo de cuentas, transferencias, corresponsalía, pagos digitales, uso de tarjetas y procesamiento de fondos. El marco permite además que bancos, plataformas de pago y servicios de remesas puedan interactuar con estas instituciones dentro de un esquema autorizado, algo que había estado limitado durante años.
Eso puede traducirse en una capacidad más directa del BCV para canalizar dólares hacia la banca local, aunque el grueso de los ingresos petroleros se sigue rigiendo bajo la arquitectura de supervisión de EE.UU. Visto de otra forma, la LG 57 facilita el funcionamiento del canal de los dólares, pero no los crea por sí sóla ni las deja a libre disposición del BCV.
Esta es una de las razones por la que la medida requiere leerse con calma, pues todavía está rodeada de limitaciones: Después de todo, la licencia no borra el historial de riesgo del país. “El sistema financiero internacional ha estado muy alejado de Venezuela por muchos años”, dice Grisanti, “Hay mucha desinformación en el sistema financiero internacional de lo que pasa en Venezuela”.
Como consecuencia, bancos corresponsales, procesadores de pago y contrapartes internacionales han operado bajo el principio simple de evitar exposición antes que gestionar la complejidad del entorno venezolano. Por eso, factores como reputación, cumplimiento, estabilidad institucional y previsibilidad seguirán teniendo relevancia.
De acuerdo con Grisanti, otros aspectos que pueden limitar el alcance de la nueva suavización son las distorsiones cambiarias —que si bien se han reducido, siguen estando muy presentes— y la solidez institucional.
En ese plano, la experiencia de otros bancos centrales de la región ilustra el tipo de reconstrucción que se requiere: el Banco Central de Perú, por ejemplo, logró recuperar credibilidad tras episodios de alta inflación y a pesar de su actual inestabilidad política –apoyándose en reglas claras, metas explícitas de inflación y una política sostenida de publicación de datos– ha contribuido a anclar expectativas y reducir la incertidumbre.
Otras puertas que se abren
La flexibilización de sanciones al BCV también reconfigura —al menos parcialmente— la posición de Venezuela frente a organismos multilaterales, que estaba condicionada por el reconocimiento político, disponibilidad de datos y capacidad operativa del BCV.
En las últimas semanas, dos de estos elementos ya habían comenzado a moverse, con el reconocimiento de EE.UU a Delcy Rodríguez y el retorno a la publicación de cifras de inflación y crecimiento económico por parte del BCV. La nueva flexibilización de sanciones actúa ahora sobre su operatividad financiera.
Según Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU., el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha buscado reincorporar a Venezuela —cuyos tratos están pausados desde 2019—, aunque el organismo también ha reiterado que esto depende de la posición de una mayoría de sus miembros con poder de voto. Pero incluso si ese obstáculo se reduce, la relación todavía requería una contraparte funcional. Un banco central sancionado limitaba esa posibilidad, uno que ya no lo está mejora la capacidad técnica para interactuar con el sistema multilateral.
Esto no es cualquier cosa: Tan sólo el FMI mantiene el equivalente a 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro —activos de reserva internacional que los países pueden convertir en divisas— esperados a ser asignados a Venezuela, un monto que además de aliviar presiones cambiarias en el corto plazo, reduciría barreras reputacionales hacia una mayor consolidación con la banca internacional.
Y es que la nueva suavización abre espacio para que el sistema financiero funcione con menos fricción y para que el BCV recupere parte de su operatividad dentro de un marco autorizado, pero su alcance no se define en la propia licencia, sino en lo que ocurra después.
La posibilidad de canalizar mejor los dólares, de recomponer relaciones con la banca internacional o de avanzar en una interlocución más fluida con organismos multilaterales son grandes saltos para Venezuela. Sin embargo, todavía dependen de consistencia en la política económica, más estabilidad y una institucionalidad sostenible con reglas claras. Ahí es donde se juega el siguiente tramo. Lo que viene después no es automático.
