- Washington reabre las telecomunicaciones, pero con China afuera. Las Licencias 61 y 62 de la OFAC autorizan el comercio operativo y la negociación de nueva inversión en telecomunicaciones venezolanas, replicando el modelo ya usado en hidrocarburos. Ambas excluyen expresamente cualquier transacción con empresas chinas.
- Esa exclusión choca con la infraestructura real. Buena parte de la red de Cantv se modernizó con Huawei y ZTE, así que sustituirlas es técnicamente posible pero financieramente costoso — los proveedores occidentales como Cisco o Ericsson son más caros y Venezuela hoy no resulta un mercado atractivo.
- El verdadero freno es legal, no regulatorio en EE. UU. Una Ley Orgánica sin actualizar desde 2011 y una Conatel sin autonomía dejan al Estado con poder casi absoluto para revocar concesiones, lo que ahuyenta la inversión de largo plazo que exige este sector.
El 21 de agosto de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió dos nuevas licencias para Venezuela. Ambas podrían abrir las puertas a la modernización tecnológica y a nuevas inversiones privadas e internacionales. La primera es la Licencia General N.° 61, que autoriza el suministro de ciertos artículos y servicios de telecomunicaciones. La segunda es la Licencia General N.° 62, que permite negociar y firmar contratos para inversiones en ese sector.
La Licencia General 61 (GL 61) autoriza a personas estadounidenses a suministrar bienes, tecnología, software o servicios de telecomunicaciones en Venezuela. También cubre operaciones realizadas desde Estados Unidos. Esto incluye instalación, mantenimiento, reacondicionamiento, reparación, actualización, operación y soporte. Además, incluye transacciones con el Gobierno venezolano, Conatel, Cantv y Movilnet.
¿Qué exige y qué excluye la Licencia General 61?
La definición de telecomunicaciones que usa la licencia es amplia. Incluye datos, telefonía, conectividad a internet, radio, televisión, transmisiones de agencias de noticias, satélites y cables submarinos. Según la FAQ 1266 que acompañó la publicación, quedan amparados los equipos de red y de banda ancha. También el arrendamiento de capacidad, como fibra óptica y ancho de banda satelital. Además cubre la conectividad internacional, software con sus licencias y actualizaciones, servicios en la nube y almacenamiento de datos. Se incluyen los sistemas de facturación y la logística de pagos, fletes y seguros asociada.
Esta licencia cumple la misma función que la Licencia 48 en hidrocarburos: habilitar el comercio operativo sobre infraestructura que ya existe. Esto incluye repuestos, mantenimiento, software y soporte técnico. También comparte con el resto del paquete energético una exigencia legal idéntica. Cualquier contrato con el Gobierno venezolano debe interpretarse bajo la ley de un estado de Estados Unidos. Además, las disputas deben resolverse en tribunales de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Singapur.
La licencia excluye los pagos en oro y los canjes de deuda. También excluye cualquier instrumento en moneda digital emitida por el Gobierno de Venezuela, incluido el petro. Quien exporte o suministre bajo GL 61 debe además reportar al Departamento de Estado. Ese reporte debe incluir las partes, los bienes o servicios, los montos, las fechas y los pagos al Estado venezolano. El primer reporte vence a los 10 días de la primera transacción, y luego debe repetirse cada 90 días.
¿Qué permite negociar la Licencia General 62?
La Licencia General 62 (GL 62) es la segunda mitad del circuito. También tiene su gemela exacta en el paquete energético: la Licencia 49. GL 62 autoriza negociar y firmar «contratos contingentes» para nueva inversión en telecomunicaciones —contratos ejecutorios, ofertas en licitaciones públicas, memorandos de entendimiento—. Esto incluye el establecimiento de nuevos proveedores de servicios y la expansión de operaciones existentes. También incluye los pasos previos de due diligence comercial, legal, técnica y ambiental.
La condición es que la ejecución de cualquiera de esos contratos quede supeditada a una autorización separada y posterior de la OFAC. En la práctica, un inversionista puede sentarse a negociar con Conatel y Cantv, e incluso firmar. Pero no puede desembolsar recursos ni operar hasta que Washington dé una segunda luz verde.
Go West: el adiós a China
La GL 61 excluye cualquier transacción con personas ubicadas en China o constituidas bajo sus leyes. También excluye a entidades controladas por empresas chinas o en empresa conjunta con ellas. Es la misma exclusión que ya trae la Licencia 48 para hidrocarburos. El problema es que, durante las últimas dos décadas, Cantv modernizó buena parte de su infraestructura de fibra óptica y banda ancha. Lo hizo de la mano de Huawei y ZTE. Ambas empresas se convirtieron en los socios tecnológicos de facto del Estado venezolano en telecomunicaciones.
Un proveedor occidental que hoy quiera mantener o actualizar esa red enfrenta un problema contractual. Buena parte del equipamiento instalado sigue atado a los mismos proveedores que la licencia excluye. Lo mismo ocurre con los repuestos, las licencias de firmware y el soporte técnico. El caso de ZTE va, además, más allá del hardware de red. Desde 2016, la empresa construyó y operó buena parte del andamiaje técnico del Carnet de la Patria y el Sistema Patria. La diferencia con el petróleo es clara. La tecnología china en telecomunicaciones es, en buena medida, la columna vertebral de la red que Washington ahora autoriza a mantener.
¿Es posible sustituir la tecnología china?
Fuentes de la industria consultadas por Ecosistema coinciden en que el reemplazo es técnicamente posible. La infraestructura de telefonía móvil venezolana no nació con proveedores chinos, sino occidentales. De hecho, operadores privados como Digitel todavía dependen de tecnología de Ericsson, la transnacional sueca.
Sin embargo, el principal obstáculo es financiero. Sustituir la tecnología china exigiría una inversión considerable. Los proveedores del gigante asiático están, en efecto, entre los más económicos del mercado global. Para que actores como Cisco o Ericsson apuesten por el país, junto con inversionistas privados, hacen falta cambios profundos en las condiciones de mercado. Como resume una fuente del sector: «Venezuela es un país poco atractivo, tiene una economía pequeña, con pocos consumidores con poca capacidad de pago, si las reglas no son claras y favorables es una apuesta que no vale la pena».
La barrera legal
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) afirmó tras el anuncio que las licencias representan una ventana de oportunidad. La calificó como una vía para «impulsar la modernización, mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura integral de telecomunicaciones en Venezuela». Sin embargo, estas licencias son solo una de las condiciones necesarias para lograr ese objetivo.
¿Por qué la Ley Orgánica de Telecomunicaciones quedó rezagada? Aunque fue moderna en su momento, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones ha quedado rezagada frente a dos décadas de cambio tecnológico. Promulgada en 2000 y reformada en 2011, la norma fue diseñada para telefonía fija y móvil convencional y para la radiodifusión tradicional. No contempla la convergencia real de servicios IP ni la infraestructura pasiva compartida entre operadores. Tampoco regula la gestión de tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT) o las redes 5G. En paralelo, Conatel ha flexibilizado en la práctica la fijación de precios. Pero el marco legal sigue imponiendo una regulación estricta de tarifas y cargas impositivas elevadas al Fondo de Servicio Universal (FSU).
¿Qué le falta a la reforma para atraer inversión real?
Fuentes de la industria consultadas por Ecosistema coinciden en tres prioridades para que esta flexibilización tenga un impacto real. La primera es mejorar las condiciones para los operadores. La segunda, impulsar la televisión digital. Y la tercera, delinear con claridad las potestades del Estado en materia de comunicaciones. Los desfases estructurales de la ley, dicen, siguen limitando cualquier avance práctico.
El otro nudo es la seguridad jurídica sobre las concesiones. Las telecomunicaciones son un negocio intensivo en capital que exige garantías de retorno a 10, 15 o 20 años. Pero tras la reforma de la ley, el Estado conserva una discrecionalidad casi absoluta sobre el otorgamiento y la renovación de habilitaciones. Incluso puede revocarlas de forma casi inmediata por razones de «interés público». Esa combinación —plazos de inversión largos frente a un permiso revocable en cualquier momento— es, precisamente, lo que ahuyenta al capital privado. El resultado es una asimetría notable: la OFAC despeja el camino para que fluyan capital y tecnología estadounidense. Pero la Ley Orgánica y el propio Conatel —cuya autonomía quedó subordinada al Poder Ejecutivo— no ofrecen el respaldo institucional necesario. Tampoco dan a los operadores transnacionales las garantías necesarias para mitigar ese riesgo.
¿Qué es la «Providencia Netflix» y por qué genera fricción?
La coyuntura reciente añade otra capa de fricción. En agosto, Conatel abrió a consulta pública una reforma que el sector ya bautizó como la «Providencia Netflix». La propuesta reclasificaría a los OTT dentro del régimen de Difusión por Suscripción. Los OTT son los servicios over-the-top: transmisión audiovisual directa por internet, como Netflix, Disney+ o Amazon Prime. Es la misma categoría que regula al cable y al satélite.
Especialistas consultados por el sector objetan que es un error conceptual, ya que la propia Lotel no considera a los OTT un servicio de telecomunicaciones. Advierten además que, de aprobarse, sometería a esas plataformas a las mismas potestades que hoy tiene el regulador sobre la televisión por suscripción. Esto incluiría el bloqueo de canales por decisión administrativa. La señal, sin embargo, es contradictoria. Washington abre la puerta a que software y servicios en la nube estadounidenses lleguen al Estado venezolano. Mientras tanto, Conatel discute en paralelo darse más margen para restringir a las plataformas que ya operan en el país.
Los cambios no han sido ignorados
Para el sector, el efecto más inmediato de estas licencias podría no ser la inversión nueva —atrapada en el trámite contingente de GL 62—. Podría ser, más bien, la reducción del overcompliance. El overcompliance es la tendencia de bancos, proveedores y plataformas a evitar Venezuela por completo ante la ambigüedad regulatoria. Ocurre incluso cuando una transacción puntual no está prohibida. No sería la primera vez que un proveedor se adelanta al marco legal. Starlink ya se asomó al mercado venezolano, pese a que en la plataforma todavía figuraba como «próximamente» en su propio mapa de cobertura.
Las Licencias 61 y 62 no garantizan por sí solas que Venezuela logre modernizar sus telecomunicaciones. La OFAC ya despejó el terreno para que el capital y la tecnología occidental puedan operar. Pero la ejecución real depende de una Ley Orgánica que no se actualiza hace quince años y de una Conatel sin autonomía propia. A partir de ahora, el futuro de las telecomunicaciones venezolanas deja de depender de Washington. Es el turno de Caracas.
