Montañas de concreto, yeso, cabillas, muebles, electrodomésticos, cables, ropa, documentos de identidad y fotografías reposan a las orillas de la carretera que conduce de Tanaguarena a Naiguatá, en La Guaira. Es un paisaje, con camiones empujando los escombros del terremoto hacia las playas, que recorre el país a través de múltiples imágenes y videos que se viralizaron en redes sociales.
El paisaje es parte de las 1,2 millones de toneladas de escombros, según estimaciones de la ONU, producto del desplome de cientos de edificios principalmente en La Guaira tras el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela produjo: una cifra que es el resultado de un diagnóstico desarrollado por el Gobierno venezolano junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de su herramienta de evaluación RAPIDA Venezuela, la cual integra imágenes satelitales, modelos de intensidad sísmica y evaluaciones de daños elaboradas por inteligencia artificial.
Las estimaciones apuntan a que 915.000 toneladas de escombros corresponden a estructuras colapsadas, mientras que 332.000 toneladas proceden de pertenencias personales y artículos domésticos. Los mayores volúmenes se concentran en las zonas de Catia La Mar, Caraballeda y Urimare, lo cual hace inminente la necesidad de iniciar un proceso de gestión de residuos.
Sin embargo, aunque el Ministerio de Ecosocialismo (antes Ambiente) asevera que las costas no son “depósitos de residuos” y que “verter desechos sólidos, líquidos o cualquier sustancia contaminante en el mar o en espacios naturales es una actividad ilícita que conlleva sanciones”, decenas de periodistas, influencers y usuarios continúan compartiendo vídeos de campos costeros cubiertos por pilas de escombros y basura que gradualmente se despliegan sobre las olas.
Por ello, grupos ambientalistas, ingenieros, biólogos y demás expertos advierten que la búsqueda de soluciones provisionales que aminoren la emergencia conlleva una condena a largo plazo: las consecuencias ecológicas, epidemiológicas y económicas.
Porque –aunque Delcy Rodríguez sostuvo reuniones con autoridades nacionales e internacionales para coordinar el programa de remoción de escombros y el Ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, presentó el Plan Estratégico de Disposición de Desechos en una reunión con representantes de la ONU– a la fecha se desconocen los protocolos establecidos y el inicio de su aplicación.
Una sopa tóxica bajo las olas
La Guaira es un territorio de alta vulnerabilidad costera –producto de su ubicación entre la empinada cordillera montañosa de El Ávila y la importante movilidad de las corrientes del Mar Caribe– lo cual garantiza que ante cualquier precipitación o movimiento tectónico los sedimentos se mezclen con el mar. Sin embargo, la composición de los escombros del sismo es completamente diferente y la heterogeneidad de los materiales supone un riesgo ambiental que podría comprometer el equilibrio ecológico durante décadas e, incluso, dejar una huella permanente en el medio ambiente local.
“Los ecosistemas marinos costeros funcionan como una ciudad perfectamente organizada, donde cada especie cumple una función biológica y un proceso esencial que forma parte de esa compleja red de relaciones que se establecen en cualquier tipo de ecosistemas”, explica el biólogo y PhD en ingeniería, Diego Díaz Martín. Por ende, al cubrir aquella compleja red de relaciones con una cantidad masiva de escombros se está alterando gravemente la estabilidad de los ecosistemas costeros de La Guaira.
En primer lugar, el polvo fino del concreto y el yeso no se hunden de inmediato, sino que quedan en suspensión y forman una barrera que bloquea la entrada de luz solar, obstaculizando la fotosíntesis de las algas, disminuyendo la producción de alimento dentro del sistema. Además, una vez que ese polvillo se asienta, asfixia a los corales, esponjas y otros organismos que son fundamentales para el equilibrio del ecosistema o sirven de refugio para los peces de la costa.
También, el peso de los desechos contribuye a que los pastos marinos y especies bentónicas –es decir, aquellas que habitan en el fondo de los ecosistemas acuáticos– queden sepultados bajo el mar, y, por consecuencia, altera la vida de cientos de peces, moluscos, equinodermos y diversidad de microorganismos. A su vez, la movilidad de muchos animales puede verse comprometida, alterando sus procesos ecológicos, reproductivos, migratorios, nutricionales.
Por otra parte, cabe recordar que los escombros no son solamente bloques de concreto, sino una amalgama de yeso, cemento, cal, metales pesados, plásticos, pinturas tóxicas, aceites, combustibles, posibles rastros de asbesto, plomo u otros materiales nocivos para la salud que al entrar en contacto con el agua se diluyen y cambian drásticamente la composición del agua, pues modifican el pH marino –los niveles de acidez del mar– y aumentan su turbidez, rompiendo el equilibrio químico de la costa.
El biólogo compara el proceso con “una sopa” en la que cada persona agrega un ingrediente sin control y el resultado deja de ser algo saludable y limpio: “hay sustancias que pueden aumentar la alcalinidad del agua, otras que pueden liberar metales pesados o hidrocarburos, mientras que el propio volumen de los escombros va a modificar el relieve submarino, lo que altera el comportamiento natural de las corrientes”, dice.
Esto desencadena un proceso de erosión de la orilla de las playas vecinas, lo cual va a desestabilizar aún más los terrenos en las vías y las infraestructuras que quedaron en pie, al incrementar la fragilidad de las zonas costeras ante tormentas o inundaciones.
Finalmente, los residuos voluminosos o cortantes pueden atrapar a las especies acuáticas o herir a peces, tortugas y aves, mientras los tóxicos contenidos en los materiales desmenuzados por las olas serán ingeridos por los peces y, de manera inevitable, entrarán en la cadena trófica, afectando la salud de los peces y acumulándose en los tejidos de los animales y humanos que los consumen.
La cascada de peligros no termina en la pérdida de biodiversidad y resiliencia de los hábitats naturales pues también recae en los potenciales problemas de salud pública que se pueden desatar tanto en la población de La Guaira como en los venezolanos a lo largo de todo el territorio nacional.
La presencia de toxinas de tal magnitud en la cadena alimentaria –al posiblemente afectar las más de 12,000 toneladas de pescado que se producen en La Guaira, según datos oficiales– nos sitúa frente a un grave riesgo epidemiológico: la entrada de minerales que el cuerpo humano carece de mecanismos químicos para degradar conduce a la posible aparición de problemas digestivos, renales, cardiovasculares y hasta alteraciones neurológicas.
La factura diferida: pagar después, y con intereses
El mar representa el mayor activo de La Guaira. Su actividad económica depende en gran escala de las bondades del Mar Caribe. Los pescadores se valen de la abundancia de peces, moluscos y crustáceos, los guías turísticos y hoteles, de la infinitud de los paisajes azules y calurosos, y los negocios y restaurantes del constante flujo de visitantes que se acercan con un objetivo en común: las playas.
Por ello, la inmediatez de la remoción de desechos hacia el mar solo asegura una importante hipoteca financiera para las próximas décadas, tal como lo explica el economista y consultor Jesús Palacios Chacín: “Empezar a verter inmediatamente estos restos de escombros en el mar no soluciona nada en el corto plazo, porque simplemente se pospone el costo y se capitaliza, diríamos en finanzas, con intereses”, dice, “Es decir, tienes que terminar pagando muchísimo más pues los procesos de remoción de escombros submarinos o de restauración de líneas costeras suelen costar cinco o 15 veces más que lo que cuesta hacer un proceso en este momento de mejor atención a esos escombros”.
Al cubrir los ecosistemas marinos de escombros que alteran la composición de los peces y obstaculizan su reproducción, y al cubrir la superficie con cabillas, vigas o cualquier objeto cortante que puedan convertirse en trampas invisibles para las redes y botes de los pescadores, se está mermando la posibilidad de preservar una de las oportunidades de resurgimiento laboral más esenciales del estado: la pesca.
Eso puede generar grandes pérdidas no solo a los pescadores sino a todos los comerciantes, negocios, restaurantes y posadas que dependen de este suministro constante.
Además, el peligro del agua contaminada y la presencia de objetos peligrosos en las playas podrían inhabilitar de forma permanente las actividades recreativas y el turismo en la zona. Esto también reduciría el gasto interno en el país y golpearía la ya limitada cadena de valor turística de Venezuela, explica Palacios Chacín.
Por otro lado, en el mercado inmobiliario, la proximidad al mar y las vistas directas pueden incrementar el valor de un inmueble: por tanto, una playa convertida en depósito de desechos se transforma en sinónimo de suciedad, insalubridad, abandono y pérdida de calidad estética, lo cual disminuye el valor de las propiedades y atenta contra la inversión en el territorio. En este escenario, estos procesos financieros —que son altamente sensibles a las expectativas a largo plazo— se ven sujetos a ser considerados una apuesta de capital riesgosa para los inversionistas.
“Hoy botar desechos al mar parece más económico porque evita el transporte, clasificación y procesamiento de materiales, pero genera un pasivo ambiental: la pérdida de playas y ecosistemas marinos que, al final, generaban ingresos turísticos”, dice el economista, “[también] un riesgo de contaminación que implica gastos sanitarios futuros y un presupuesto de infraestructura que crece muchísimo más para la reparación de las vías marítimas, muelles, edificaciones debido a la alteración de corrientes que genere justamente el mal manejo de estos escombros”.
Estas consecuencias podrían hacerse cada vez más tangibles para los próximos 10 o 15 años. La factura en restauración ambiental, atención médica, actividad turística y reconstrucción de la cadena de suministro es mucho mayor que la gestión correcta de los escombros.
Sin embargo, los escombros pueden convertirse en un recurso. Con separación, clasificación, trituración y control de calidad, sus componentes pueden reutilizarse en rellenos, subbases viales y aplicaciones de ingeniería para la reconstrucción o la expansión portuaria bajo esquemas de economía azul. En otras palabras, transformar las consecuencias del desastre en la base de una nueva economía circular.
