La reconstrucción de La Guaira tras el doblete sísmico del 24 de junio debe priorizar a la población más afectada, focalizar las intervenciones según el patrón de daños de cada zona y aprovechar la oportunidad para corregir las vulnerabilidades institucionales que amplificaron la tragedia, según un nuevo estudio independiente de la consultora y think tank económico ANOVA Policy Research, realizado por el equipo del economista Omar Zambrano en conjunto con el Microsoft AI for Good Research Lab.
El costo de reposición de la infraestructura habitacional dañada alcanza 2.4 mil millones de dólares, afirma el estudio: una magnitud equivalente a entre 2% y 3% del PIB del país. La consultora advierte que esta cifra debe entenderse como un piso mínimo de lo que habrá que invertir en la reconstrucción. Y es que el monto estimado cubre exclusivamente la infraestructura de carácter residencial en la franja costera entre Catia la Mar y Caraballeda, sin contabilizar daños sobre la infraestructura pública ni las redes de servicios, el stock de infraestructura comercial e industrial, las pérdidas por actividad económica interrumpida ni los costos de demolición y remoción de escombros. Tampoco incorpora los daños registrados en otros estados del país fuera de La Guaira.
Mapeando los daños con satélites e IA
Para obtener la estimación, la consultora trabajó con una población estimada de 403.784 personas en siete parroquias —un incremento de hasta 30% en la población de la zona, pues el desastre ocurrió en día feriado. De este total, aproximadamente el 18% de las personas residían en estructuras que sufrieron algún nivel de daño observable, mientras que cerca del 10% de la población —más de 35 mil personas— habitaban estructuras con daño severo, daño estructural o colapso completo.
La metodología empleada por ANOVA para arribar a estas estimaciones marca una diferencia fundamental con respecto a los reportes oficiales iniciales. El equipo utilizó inteligencia artificial aplicada a imágenes satelitales de alta resolución posteriores al 24 de junio para evaluar daños en edificaciones de manera automatizada. Esa evaluación se combinó con un modelo demográfico-poblacional propio de ANOVA para estimar cuántas personas residían en estructuras de cada nivel de severidad.
El resultado es una capa georreferenciada —literalmente un mapa— de estructuras individuales con estimaciones de probabilidad de daño. Esta aproximación permitió identificar órdenes de magnitud considerablemente mayores de estructuras comprometidas en relación con los reportes oficiales iniciales, que contabilizaban apenas 855 edificaciones dañadas en todo el país.
Las grietas desiguales de La Guaira
La distribución del costo por categoría de severidad revela dónde debe concentrarse el mayor esfuerzo presupuestario. Según el estudio, la reposición de estructuras con daño severo se estima en 1.1 mil millones de dólares, o más del 45% del costo total; y para las que presentan daños estructurales o colapso, el monto se proyecta en más de 500 millones de dólares, un 21% del total. Estos dos grados de daño más críticos concentran casi dos tercios del costo de reposición, lo que sugiere que la política de reconstrucción debe priorizar estas categorías.
Visto de forma territorial, la afectación es profundamente heterogénea. Catia la Mar —la parroquia más poblada de la franja— concentra la mitad de la población afectada. Pero el perfil de severidad es distinto en otras zonas. Caraballeda, por ejemplo, presenta el patrón de daño más grave: allí residían más del 40% de las personas en estructuras colapsadas o con daños estructurales, un resultado que los informes técnicos atribuyen al colapso de varios edificios residenciales de gran altura en sectores, como Los Corales.
Fuente: ANOVA Policy Research.
En el otro extremo, parroquias como Maiquetía y La Guaira muestran incidencias más bajas —con 3% y 5% de la población afectada, respectivamente —pero que tampoco pueden dejarse de lado.
Vulnerabilidad acumulada: décadas de negligencia institucional
“La economía de los desastres ha establecido con claridad que los terremotos son fenómenos naturales, pero sus consecuencias humanas y económicas no lo son”, afirma el informe de ANOVA. A pesar de que los epicentros del doblete sísmico se ubicaron en el centro-occidente del país, la destrucción se concentró desproporcionadamente en la franja costera de La Guaira, no necesariamente por casualidad geológica.
En La Guaira, muchas de las edificaciones —en ocasiones, de mediana y gran altura— fueron diseñadas en las décadas de 1950 y 1980 bajo normas sísmicas que, incluso en su momento, no alcanzaban estándares internacionales robustos. De acuerdo con informes técnicos del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Instituto de Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela que el estudio referencia, la fragilidad se acentuó en los últimos treinta años porque las estructuras acumularon un deterioro en la aplicación y fiscalización de las normas sismorresistentes venezolanas, y carecieron de mantenimiento preventivo y correctivo —sobre todo en zonas de menor poder adquisitivo—, debido al colapso económico de la última década.
El análisis de ANOVA incorpora un elemento adicional: el efecto de sitio derivado de los suelos blandos presentes en el litoral y la ocurrencia de licuación sísmica —es decir, la pérdida temporal de capacidad de carga del terreno durante el sismo— fenómenos que la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), dice ANOVA en el estudio, ha microzonificado en la región. En otras palabras: La Guaira sufrió el doblete sísmico del 24 de junio no solo porque sus edificios eran viejos y frágiles, sino porque el terreno bajo esos edificios amplificó la sacudida.
Así debe ser la reconstrucción de La Guaira
El análisis de ANOVA sugiere al menos cuatro implicaciones que deben orientar las decisiones de respuesta y reconstrucción a corto y mediano plazo.
Primero, la escala de intervención: la política habitacional posdesastre debe planificarse para un universo de alrededor de 37.600 personas residentes en estructuras gravemente dañadas, más un segundo anillo de aproximadamente 35.900 personas en estructuras con daño leve, moderado o intermedio que demandan evaluación de habitabilidad y programas de reparación. Dimensionar correctamente este universo es imprescindible para establecer la escala óptima de los refugios temporales, la cantidad de módulos habitacionales de transición que habrá que desplegar y el calendario realista de entrega de soluciones permanentes.
Segundo, una focalización territorial diferenciada: la concentración del daño en Catia la Mar, junto con la severidad concentrada en Caraballeda, exigen respuestas territorialmente distintas. Ambos patrones demandan instrumentos de política radicalmente distintos, pues la reposición de vivienda multifamiliar en altura requiere coordinación con promotores privados, acceso a suelo urbano y financiamiento estructurado; mientras que la reparación dispersa de vivienda unifamiliar o pequeños condominios requiere mecanismos de transferencia directa de fondos y asistencia técnica descentralizada.
Tercero, el financiamiento multilateral como requisito: las necesidades de reposición, de al menos 2.4 mil millones de dólares, exceden con amplitud cualquier espacio fiscal disponible en el corto plazo en un país sin acceso a los mercados internacionales de capital, con una deuda externa en situación de impago y con un mercado de seguros catastróficos prácticamente inexistente. Por eso la movilización de financiamiento multilateral será una condición necesaria.
Cuarto, la reconstrucción institucional de largo plazo: el doblete sísmico del 24 de junio fue la confirmación de la vulnerabilidad institucional. Por eso, la reconstrucción de la línea costera de La Guaira debería ser la oportunidad histórica para romper ese ciclo. Para ANOVA, eso significa, como mínimo, actualizar la norma sísmica vigente e implementar mecanismos vinculantes para su cumplimiento, auditar estructuralmente el stock de edificaciones sobreviviente en la zona costera, crear un registro público integrado de edificaciones, daños históricos y características constructivas que sirva como base permanente para la gestión de riesgo futuro.
Venezuela seguirá asentada sobre el borde activo de dos placas tectónicas. El próximo evento sísmico de magnitud similar no es una posibilidad remota, sino más bien una certeza estadística, cuya fecha simplemente es desconocida. La diferencia entre una tragedia manejada y una catástrofe evitable dependerá, en buena medida, de que la reconstrucción actual incorpore esas lecciones institucionales y no repita los patrones que magnificaron el daño del 24 de junio.
