El doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, al menos durante su primera semana, causó daños sobre los 37 mil millones de dólares, según la estimación de daños en edificaciones e infraestructuras que presentó la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). Los cálculos fueron realizados en conjunto con las firmas especializadas Ingeniar CAD/CAE Ltda y ERN.
Esta estimación fue generada a través de modelación analítica que combinó información de la intensidad sísmica, mapas de exposición regional, y funciones de vulnerabilidad que relacionan la intensidad del sismo con la probabilidad de daño en cada tipo de estructura.
Aunque la metodología es técnicamente rigurosa, los propios autores advierten que se trata de una estimación inicial susceptible al refinamiento, pues su modelo cuantifica exclusivamente daños físicos directos, sin incluir las pérdidas económicas indirectas resultantes de la interrupción de producción y servicios, costos de atención de la emergencia, impactos en cadenas de suministro, ni el valor de la recuperación y reforzamiento estructural.
Es por eso que dicen que su impacto puede estar tanto subestimado —precisamente porque no toma en consideración los aspectos anteriores—, como sobrestimado. En esta última línea se encuentran economistas como Asdrúbal Oliveros y Omar Zambrano, por nombrar algunos, quienes son escépticos de los cálculos de la UNDRR debido a que el daño reportado puede ser mucho menor en los casos de estados como Falcón, Lara y Yaracuy, y porque el terremoto no supuso mayores afectaciones en infraestructura petrolera, según señalaron en sus cuentas de X.
La radiografía de los daños
Del total presentado por la UNDRR, más del 60% —unos 24 mil millones de dólares— corresponden sólo a daños en edificaciones como residencias, oficinas comerciales, escuelas, hospitales, instalaciones institucionales e instalaciones industriales. Esta cifra equivale aproximadamente al 3% del valor total expuesto de todo el stock de edificaciones del país, una proporción común en este tipo de eventos, pero que merece una consideración cuidadosa para Venezuela: Y es que sólo considerando el caso de Caracas —donde la antigüedad y calidad constructiva varían significativamente según la zona—, la recuperación debe enfrentar el reto de demoliciones y reposiciones completas en algunos sectores, sobre todo de viviendas.
Las edificaciones residenciales representan la mayoría del stock construido en Venezuela. Por eso, su daño no sólo implica a familias desplazadas en el corto plazo, sino que a mediano plazo, también genera una fuerte presión sobre el acceso a vivienda, en un país que ya enfrenta un déficit considerable en la disponibilidad de financiamiento.
Además de las edificaciones, la destrucción de infraestructura se estima en 13 mil millones de dólares, equivalentes al 4% del stock total expuesto para ese portafolio. Pero esta agregación oculta diferencias operativas críticas entre sectores.
Fuente: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Pese a que concentran la menor destrucción, los últimos dos sectores son bastante sensibles, sobre todo por la importancia que tienen en la economía del país: daños en las refinerías, tuberías y plantas de petróleo y gas suponen reveses en la poca producción que existía del sector que apuntaba a impulsar la economía en 2026; mientras que los daños en puertos y aeropuertos implican restricciones en la importación de bienes y servicios, un aspecto que no es menor, considerando que el país que necesita de la importación para producir, y evitar la escasez.
Otro caso que merece atención es el de agua y saneamiento. Cuando los sistemas de acueductos se ven afectados, se suele generar contaminación del agua y enfermedades. En un contexto venezolano donde la sanidad volvía a comprometerse, que ahora se sumen poblaciones desplazadas con servicios sanitarios débiles, implica que los daños muy probablemente se traduzcan en riesgo epidemiológico.
La zona norte concentra el colapso
Los estados más severamente afectados fueron La Guaira (antiguo Estado Vargas), Distrito Capital, Aragua, Yaracuy y Falcón. Estos cinco estados concentran más del 60% de la población, y más del 30% de la economía venezolana, de acuerdo con estimaciones del economista Daniel Cadenas.
Pero la distribución geográfica de los daños no es uniforme entre estos estados. De hecho, un mapa agregado a nivel municipal, mostrado en la estimación de UNDRR, revela que el daño relativo —es decir, qué porcentaje de la infraestructura municipal fue afectada— varió considerablemente dentro de la propia zona norte del país.
Porcentaje de daños en edificaciones e infraestructura agregados a nivel municipal
Fuente: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Algunos municipios concentraron daños que superaron el 25% de su infraestructura, mientras que otros municipios más alejados del epicentro sufrieron daños menores al 10%. Esta concentración territorial es crítica, con implicaciones operativas inmediatas: Por ejemplo, un municipio que pierde una parte considerable de su infraestructura de agua no puede simplemente reducir su consumo de agua en esa proporción —menos antes riesgos de enfermedades—, sino que muy probablemente necesite importar agua desde municipios vecinos, que a su vez enfrenten sus propias restricciones.
Las instituciones responsables de la recuperación deben comenzar a traducir este diagnóstico técnico en decisiones operativas concretas, lo antes posible.
Una estrategia reactiva se limitaría a reponer lo destruido. Pero incluso en el papel, ese camino enfrenta grandes trabas, sobre todo por el estado en el que se encontraban las finanzas públicas, incluso antes del doble terremoto. Hoy, el acceso a fondos y asistencias de organismos multilaterales —y su administración transparente e institucional— se hace completamente necesario. La estrategia proactiva de la reconstrucción —en todos sus sentidos— debe enfocarse en mejorar la resiliencia de todos los sistemas de Venezuela, frente a futuros eventos sísmicos o no. El costo de la reconstrucción física muy probablemente supere los 37 mil millones de dólares estimados, pero el costo de no incurrirlos será pagar un precio mayor.
Foto de portada vía Reuters.
